A solo cuatro días de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido prolongar hasta septiembre de 2026 el programa que permite la regularización de vehículos importados ilegalmente, conocidos como “autos chocolate”. Esta extensión se aplicará en 16 estados del país, respondiendo a la creciente demanda de los ciudadanos por regularizar estos vehículos.
El decreto, firmado por López Obrador, justifica la decisión al destacar la “buena aceptación” del programa, que desde su inicio en enero de 2022 ha permitido regularizar más de 2.5 millones de vehículos, generando ingresos por 6,398 millones de pesos destinados a la pavimentación de calles en los estados participantes. Los propietarios deben pagar una tarifa de 2,500 pesos para completar el proceso.
Sin embargo, la extensión del programa ha sido rechazada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que ha presentado varios amparos en contra de esta iniciativa. La AMDA argumenta que el Gobierno está fomentando el contrabando automotriz y ha advertido sobre el impacto negativo en la industria nacional. En junio de 2023, la AMDA señaló que las ventas de “autos chocolate” superaron las ventas totales de vehículos nuevos en el país durante 2022 y 2023.
Además, la jueza federal Minerva Mendoza Cruz ha ordenado al Gobierno verificar que los vehículos cumplan con las regulaciones ambientales y mecánicas antes de su regularización. Actualmente, el proceso se basa en la declaración del solicitante, lo que ha generado preocupación sobre la calidad y seguridad de los vehículos que se legalizan.
A pesar de las críticas y los desafíos legales, la extensión del programa parece haber sido acordada con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el próximo martes. La situación refleja la complejidad del panorama automotriz en México y las tensiones entre la regulación gubernamental y los intereses de la industria.
