Con el arranque de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el mes de enero el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró casi el triple de empleos de la administración pública cancelados respecto del arranque del gobierno pasado.
Datos del IMSS revelan que en el primer mes del año se dieron de baja 10,585 puestos de trabajo de funcionarios públicos que se encuentran bajo el régimen del Apartado A —ejemplo ProMéxico— cifra 175% superior la registrada en enero del 2013, cuando inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Así, en enero del 2013 se cancelaron 3,841 plazas laborales; en el mismo periodo del 2014 fue la mayor baja, con 8,968; para el 2015, la disminución fue de 1,150, y en enero del 2016 fue de 117.
En tanto, para enero del 2017 se dieron de alta a la afiliación del IMSS 1,100 plazas, y para el cierre del sexenio se cancelaron 54 puestos de trabajo.
Por lo que, sólo en un mes se cancelaron más plazas que durante los dos primeros años de la administración pasada.
Cada cambio de gobierno conlleva la cancelación de puestos de trabajo, pero se espera que en la presente administración se tenga un número mayor, alrededor de 28,844, comentó Mario Alberto Focil Ortega, quien participó en la elaboración del documento “Análisis de los lineamientos de combate a la corrupción y aplicación de una política de austeridad republicana en materia de recorte de plazas, reducción de salarios, cancelación de prestaciones y aumento de la jornada laboral al personal de confianza”.
Por otra parte, José Santamarina, exempleado de ProMéxico, dijo en entrevista que de un día para otro ya no tenían empleo, y aunque esta instancia de gobierno se trataba de un fideicomiso que fue creado por decreto presidencial, de la misma manera debía desaparecer; sin embargo, “no se ha emitido ningún tipo de decreto presidencial en donde se habla de la cancelación formal de ProMéxico, por lo que iniciaremos el proceso de demanda laboral, porque efectivamente ya fuimos también dados de baja en el IMSS”.
Agregó que en ProMéxico había empresas de tercerización, “pero hasta ahora desconocemos en qué condiciones quedaron esos trabajadores, si fueron liquidados, si permanecen con la subcontratista o simplemente se canceló su contrato”.
Analistas de Invex comentaron que “es probable que los despidos en instancias gubernamentales tras el cambio de gobierno se hayan visto mitigados parcialmente por el aumento de las jubilaciones anticipadas”.
En tanto, Arleth Leal, especialista de recursos humanos de Red Ring, comentó que ante la disminución de plazas laborales, sobre todo de quienes durante muchos años cotizaron en el seguro social, “ahora buscan una empresa de tercerización para que sea posible continuar con sus cotizaciones, ya sea realizando trabajo por proyectos o para ser subcontratados en otras áreas”.
Vale la pena destacar que dentro de la Constitución en el Artículo 123 se contemplan dos apartados, que hablan acerca de la previsión social; así, quienes se encuentran en el apartado A están afiliados al IMSS, mientras que los trabajadores del apartado B se encuentran en registro con el ISSSTE.
Hasta el 2016, se tenía un registro de 1.5 millones de trabajadores, según el Censo Nacional de Gobierno Federal, en donde 117,323 eran eventuales; 15,507, por honorarios, y de base o sindicalizados, 1.1 millones.
Algunos ejemplos de las bajas que se hicieron públicas fueron las de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluido el Servicio de Administración Tributaria, que sumó más de 9,000 bajas, no todas inscritas al IMSS; en el mismo ISSSTE se redujo en 3,000 el número de empleos y en la Consar se reportaron 90 bajas.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx
