En medio de una creciente controversia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado un desafío directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusándola de favorecer a las élites y poner en peligro los intereses del pueblo. La nueva confrontación se centra en la polémica surgida en torno a los libros de texto gratuitos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la reciente decisión de un ministro de otorgar un amparo que restringe su distribución en el estado de Chihuahua.
López Obrador ha calificado al ministro Luis María Aguilar, quien autorizó el amparo, de “deshonesto” y “conservador”, lo que ha desencadenado una disputa pública aún más intensa entre el Ejecutivo y el Judicial. El presidente sostiene que esta decisión contraviene la Constitución y ha instado a los miembros de la SCJN a no “violarla”, advirtiendo que la justicia está en riesgo si continúan tomando decisiones en contra de los intereses de la población.
En su más reciente conferencia de prensa matutina, López Obrador también ha arremetido contra el pleno de la Corte, acusándolos de tener una inclinación conservadora y de socavar el Estado de Derecho en favor de intereses oscuros. En este contexto, el presidente ha abogado por una reforma radical en el sistema judicial, que incluiría la elección popular de los magistrados de la Suprema Corte. El líder mexicano ha afirmado que tal reforma es necesaria para restaurar la justicia y poner fin a la influencia del dinero en las decisiones judiciales.
Este enfrentamiento plantea una serie de interrogantes sobre la independencia del poder judicial y las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial en México. Además, refleja el profundo desacuerdo sobre la dirección política y legal del país. La respuesta de la SCJN a este desafío y la evolución de la situación política serán cruciales para el futuro del sistema judicial y la estabilidad del país en su conjunto.
