Para la coalición Por México al Frente, que integran PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, la corrupción e impunidad son dos de los principales flagelos que más lastiman al país, ofenden a la sociedad, socavan la confianza ciudadana en las instituciones, minan al Estado de Derecho y frenan la capacidad de la economía, por lo cual su candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, decidió que la bandera de su campaña sería el combate anticorrupción y así lo ha dejado ver en sus discursos, propuestas y spots en los que asegura que el PRI es sinónimo de corrupción, por lo que hay que sacarlo de Los Pinos.
Desde el primer momento en que reconoció que quería ser candidato y presidente de la República, Anaya Cortés lanzó acusaciones contra sus adversarios políticos. De José Antonio Meade, abanderado del PRI-PVEM-Nueva Alianza, ha asegurado que, a pesar de que no es militante priista, representa la continuidad de los pésimos gobiernos del PRI; mientras que del aspirante de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que significa un regreso al pasado.
“Meade representa la continuidad de la corrupción, de la ineficacia del PRI y López Obrador ideas antiguas, lo que ya no funciona, como esta mala idea de pactar con los criminales, con los narcotraficantes”, dijo.
Incluso, en su calidad de presidente nacional del PAN, Anaya Cortés aseguraba que el PRI tenía que dejar el gobierno por corrupto. “El PRI se tiene que ir del gobierno; han sido profundamente ineficaces y profundamente corruptos, este régimen está completamente agotado, ya no resiste más y estoy convencido de que vamos a lograr ese cambio en el 2018”, dijo.
Sus acusaciones también estuvieron presentes en sus spots de precampaña, en los que ha planteado que, en alianza, el PAN ha logrado sacar al PRI corrupto del gobierno y que se han encarcelado a los malos gobernadores emanados del tricolor. “En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción”.
Sin embargo, Ricardo Anaya también ha sido señalado por presuntos actos de corrupción. Al político queretano se le ha acusado de enriquecimiento ilícito, triangulación de recursos y de lavado de dinero.
En el 2017, se difundió que la familia política del entonces presidente del PAN amplió su patrimonio ilícitamente, lo cual fue negado por Anaya, quien aseguró que era una campaña negra en su contra, por lo que incluso interpuso una demanda contra el diario que publicó esa información, la cual meses después ganó. “Quedó demostrado que toda esa historia que inventaron del supuesto enriquecimiento de mi familia no era más que una vulgar mentira”.
A inicios de este año, al también ex diputado federal se le acusó de haber creado una fundación presuntamente para hacer negocios inmobiliarios con constructores amigos, a través de un esquema de triangulación de recursos. Sobre estas imputaciones, Anaya Cortés aseveró: “el problema es que con medias verdades, se pueden decir enormes mentiras. Ya volvió a empezar la guerra sucia del PRI”.
Semanas después, al abanderado del Frente se le señaló por haber, presuntamente, participado en un delito de lavado de dinero. A finales de febrero pasado, el abogado Adrián Xamán McGregor denunció que, presuntamente, el abanderado frentista compró un terreno en 10 millones, después lo vendió como nave industrial a 54 millones a una empresa fantasma. Según el litigante, dos de sus clientes fueron contratados para triangular recursos por varios países y paraísos fiscales para adquirir una nave industrial de la empresa Juniserra, propiedad de Ricardo Anaya y su familia.
“Entre los años 2016 y 2017, mis clientes Alberto N y Daniel N, cuyas identidades están protegidas por ley, fueron contratados por el señor Manuel Barreiro Castañeda, empresario originario de Querétaro, para realizar una serie de operaciones financieras que, según dijo a mis clientes, tenían como finalidad hacer llegar recursos económicos al señor Ricardo Anaya Cortés, mediante el esquema que le permitiera ocultar el origen de los mismos, simulando para ello una supuesta venta de una nave industrial, por parte de la empresa Juniserra, SA de CV, a la empresa Manhattan Masterplant Development, por 54 millones de pesos”, aseguró el abogado.
Anaya Cortés reconoció que sí vendió esa propiedad, pero dijo que no es responsable de los recursos que utilizó la persona que compró la nave industrial.
El abanderado del Frente por México aseguró que esas acusaciones sólo son parte de la guerra sucia emprendida por el Revolucionario Institucional y acusó a la Procuraduría General de la República de ser parte de ella.
Por ello, afirmó, decidió acudir a las instalaciones de la PGR para que se le informara si después de cinco meses de investigación encontraron una conducta indebida de su parte.
Mediante un tuit, la Procuraduría General informó que: “actúa conforme a la ley, lleva a cabo investigaciones en el marco de obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas”.
Ante estas acusaciones, y el presunto uso político de la PGR, Ricardo Anaya pidió al presidente Enrique Peña Nieeto sacar las manos de la elección presidencial. “Señor presidente, le digo con respeto, serenidad y firmeza: así, no. Saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad”.
La corrupción no es un fenómeno cultural
El candidato del Frente ha asegurado que de llegar a la Presidencia, su principal lucha será combatir la corrupción, pues es uno de los principales flagelos del México contemporáneo.
“Yo voy a combatir el crimen organizado, pero empezando por el organizado desde el escritorio de los políticos corruptos que, coludidos con contratistas, saquean al erario y se enriquecen en la misma medida en que empobrecen al pueblo”, expresó.
En su plataforma electoral, el Frente por México plantea que la corrupción no es un fenómeno cultural, por lo que se puede derrotar con visión de Estado, inteligencia y voluntad política.
Expone que la corrupción se combate con base en el cumplimiento irrestricto de la ley, en la aplicación de una política cero tolerancia a la corrupción e impunidad y en la construcción de un sistema anticorrupción autónomo y con total independencia.
Por ello, propone, en caso de ganar la elección del próximo 1 de julio, encabezar un gobierno transparente y de rendición de cuentas, comprometido con el combate a la corrupción y la impunidad con un esquema de fiscalización en el que la ciudadanía sea parte de los procesos de transparencia y rendición de cuentas, para romper con el abuso de poder.
En ese sentido, plantea obligar a todos los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses; inhabilitar de por vida a servidores públicos corruptos para que no puedan ocupar otro puesto público, así como la invalidación de los bienes apropiados.
También propone eliminar el fuero de la impunidad institucional que gozan los gobernantes y representantes populares, iniciando por el presidente de la República, así como fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción e impulsar una comisión ciudadana para investigar actos de corrupción.
En su plataforma electoral, Por México al Frente plantea un combate total y frontal a la corrupción para lo cual propone:
- Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción
- Instituir la “muerte civil” a servidores públicos y empresas privadas que hayan sido condenadas por corrupción
- Eliminar la prescripción de los delitos, como enriquecimiento ilícito, peculado, y lavado de dinero
- Reformar el artículo 108 constitucional para que, durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción
- Eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos del país
- Promover una ley general de contratos y obras públicas, alineada con el Sistema Nacional Anticorrupción
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx
