Ciudad de México.- La corrupción, el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones de los servidores públicos, alcanzaron categoría de delitos graves objeto de prisión preventiva, aprobó el pleno del Senado, en lo general, en un debate de seis horas que prosiguió con la discusión en lo particular.
Reformas al artículo 19 de la Constitución también agregaron al catálogo de delitos graves, el uso de programas sociales con fines electorales.
Con 91 votos a favor y 18 en contra, el pleno avanzó en la aprobación de las reformas que, una vez votadas las reservas, esta noche enviará el proyecto de decreto a la Cámara de Diputados.
Estas adiciones son coincidentes con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de retiro del fuero presidencial, en casos de corrupción y delitos electorales, que se añaden a las causales de pérdida de inmunidad del jefe del Ejecutivo por traición a la patria y delitos graves que señala el artículo 19 constitucional.
También se incorporan como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el abuso o violencia sexuales contra menores; robo de transporte; desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fugo y explosivos de uso exclusivo del ejército, así como el huachicoleo que se comete con los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Esta reforma incluye una disposición a fin de que en cinco años de aplicación de estas categorías de delitos objeto de prisión preventiva oficiosa, su aplicación será sometida revisión.
El senador José Antonio Álvarez Lima (Morena), por la Comisión de Puntos Constitucionales, al presentar el dictamen de esta reforma dijo que la prisión oficiosa es excepcional y responde a la sensación de injusticia e impunidad
La senadora Verónica Camino Farjat (PVEM) destacó que la sociedad vive insegura y pide fortalecer el aparato jurídico de protección al patrimonio e integridad de las personas, y en esto, “la prisión preventiva oficiosa no es la solución total al problema de la inseguridad”.
Hizo ver que ampliar el catálogo de delitos merecedores de prisión preventiva no es la vía para concluir el grave problema del país de seguridad e impartición de justicia, ya que se requiere de la profesionalización de todos los operadores del sistema, desde los policías, ministerios públicos, jueces, magistrados.
“Tenemos que jalar parejo”, a fin de que la persecución del delito sea efectiva, y hacia ello, dijo Camino Farjat, el Senado no puede hacer creer a la ciudadanía de que con esto se atenderán todas las manifestaciones de violencia. “La responsabilidad por cumplir es de todos”, expresó.
El senador Emilio Álvarez Izaca, sin bancada, advirtió que señalar más delitos con prisión preventiva, es ir al revés de la justicia y la búsqueda de respeto a los derechos humanos; “damos armas a los que fabrican culpables”, dijo al pleno.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, dijo que la prisión preventiva oficiosa se aplica con criterios que respetan los derechos humanos del imputado.
Claudia Edith Anaya Mota (PRI) acusó que se trata de una reforma que calificó como de “populismo penal”, que no resuelve los problemas de inseguridad y justicia; a su vez, el también priista Jorge Carlos Ramírez Marín, argumentó a favor de la ampliación del catálogo de delitos objeto de prisión preventiva oficiosa, porque sus electores señalaron que los delincuentes entran y salen de prisión.
Dante Delgado y Patricia Mercado(MC) advirtieron que con la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva se anula el Sistema Penal Acusatorio, pues se trata de una regresión, que vulnera losa derechos de toda persona.
Una vez emitida la votación en lo general, el pleno entró a la discusión de las reservas al dictamen.
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