Luego de una discusión de más de siete horas, las y los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron la minuta que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato; la cual establece que el presidente de la República podrá ser separado de su cargo por la decisión de, al menos, 40% de las personas inscritos en el padrón electoral nacional.
Con 290 votos a favor, 195 en contra y 0 abstenciones, la ley pasará al ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. En ésta se establecen las directrices para dar pie a un proceso democrático para valorar el desempeño del titular del Ejecutivo, especialmente en lo relacionado con la pérdida de la confianza. Esta tarea estará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), quien deberá organizar, desarrollar y contabilizar la votación de este proceso de participación ciudadana.
Asimismo, se indica que el proceso de Revocación de Mandato procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, a 3 % de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados.
En las disposiciones transitorias se establece que el INE deberá poner a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos, a más tardar el 1º de octubre de 2021, el formato impreso y los medios electrónicos de solicitud de la convocatoria al proceso de revocación de mandato para el periodo constitucional 2018-2024.
Buscan consenso en Cámara alta
En busca del consenso, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores, frenó ayer la votación en el pleno cameral de la minuta que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Horas antes y con la intención de ser sometido a discusión y votación ayer mismo durante la sesión del pleno, el dictamen correspondiente fue aprobado en sesión extraordinaria por las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda solo con los votos de Morena y aliados; los senadores del PAN, PRI, PRD y MC votaron en contra advirtiendo que de concretarse la aprobación de la nueva ley promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad.
