La Cámara de Diputados aprobó esta mañana una reforma conocida por la oposición como la “Ley Espía”, la cual permite que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceda sin restricción a cualquier padrón o registro, ya sea público o privado, con el objetivo declarado de prevenir, investigar y perseguir delitos. La votación, realizada en un ambiente tenso marcado por críticas de fraude legislativo, contó con el respaldo de Morena, Movimiento Ciudadano y sus aliados, y ahora la iniciativa será analizada por el Senado.
La reforma faculta a la SSPC para consultar bases de datos que incluyen registros biométricos, padrones de proveedores, datos financieros y de telecomunicaciones sin necesidad de contar con una orden judicial, una medida que ha generado preocupación entre la oposición. Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano denunciaron esta disposición como un mecanismo que podría derivar en vigilancia exhaustiva y arbitraria, que atenta contra la privacidad ciudadana y sin suficiente contrapeso legal .
En defensa del dictamen, diputados de Morena subrayaron que el acceso a esa información es indispensable para mejorar la eficacia en la persecución del crimen organizado y la prevención de delitos graves. Durante el debate, la diputada Olga Leticia Chávez mencionó que se emplearon herramientas de inteligencia artificial para resumir rápidamente iniciativas complejas, como parte del proceso legislativo.
Entre los críticos también se levantaron alertas sobre cómo esta reforma podría combinarse con futuras leyes de seguridad e inteligencia que están en discusión, potencialmente habilitando al gobierno para rastrear ubicaciones en tiempo real a través de datos telefónicos sin suficiente supervisión judicial . Los opositores adelantan que recurrirán a recursos legales, como amparos, una vez que la reforma sea aprobada en su siguiente etapa legislativa .
Actualmente, el Senado tiene ante sí esta propuesta para su revisión. En esa instancia, se espera mayor debate sobre los límites que debe tener el acceso estatal a datos privados, los mecanismos de supervisión judicial y la protección de los derechos humanos en el marco legal de seguridad nacional y pública.
