El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Federal para castigar penalmente a quienes incidan en los matrimonios forzados y establece medidas de protección que prevenga la venta de niñas para matrimonios infantiles.
Las propuestas de las diputadas del PRI, Eufrosina Cruz Mendoza, Normar Aceves Mejía y Ana Lilia Herrera Anzaldo, fueron aprobadas por el Pleno, y con ello buscan frenar la violación a los derechos humanos de las niñas convertidas en mujeres por matrimonios forzados, así como establecer medidas para la protección de los menores de edad, contra las prácticas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal.
Señaló que, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportan 423 mil mujeres obligadas a casarse como resultado de un embarazo, 339 mil padecieron “un robo”, es decir, forzadas por un varón y 185 mil intercambiadas por dinero, bienes o propiedades.
Esto, indicó, es producto del panorama que enfrentan las mujeres en los pueblos originarios, donde prevalecen los “Usos y Costumbres”, que en este caso deberían llamarse “Abusos y Costumbres”.
La propuesta de la diputada Norma Aceves, plantea adicionar un artículo 45 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para mandatar a las autoridades federales a establecer medidas de protección para prevenir, erradicar o suspender los usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que permitan la venta de niñas con fines de unión legal.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no se cuenta con una política pública preventiva que haga frente a esta problemática desde sus causas estructurales y las acciones implementadas por el gobierno se han dirigido a la difusión de información.
En tanto, la diputada Ana Lilia Herrera sostuvo que el matrimonio infantil es una problemática inmersa en nuestra sociedad, en todos los niveles sociales, pero especialmente en las comunidades más pobres y explicó que, las propuestas consideran la implementación de medidas positivas para niñas, niños y adolescentes que forman parte de comunidades indígenas y de grupos vulnerables con discapacidad en situación de movilidad o en exclusión social, toda vez que estos son los sectores sociales más expuestos a ser utilizados en estas prácticas nocivas.
