Argentino lleva casi tres años encarcelado por órdenes de Graco Ramírez

Héctor Gabriel Muzzio Arévalo, profesor de artes y de nacionalidad Argentina, lleva más dos años en la cárcel, en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, acusado de abuso sexual contra su hijo e hija, pero asegura que “todo fue fabricado” en la Fiscalía General Estatal (FGE) por encargo del exgobernador Graco Ramírez como un favor político a la familia del exgobernador Antonio Riva Palacio López.

El 25 de octubre de 2016 a las seis de la mañana, Muzzio Arévalo se disponía a salir de su casa, ubicada al norte de Cuernavaca, para dirigirse a su trabajo pero fue abordado por grupo de hombres, vestidos de gris, que llegaron en una camioneta oscura sin ningún logotipo y en un taxi de la cadena Citlalli.

Le informaron que tenía que acompañarlos a la Fiscalía.

Muzzio intentó negociar que le permitieran ir a su trabajo para aplicar un examen a sus alumnos de la universidad en la que impartía clases.

La respuesta fue negativa y se lo llevaron rumbo a la FGE.

“Sin mostrar una orden de aprehensión, sin decirme nada, me llevaron a la Fiscalía, en el camino uno de ellos me dijo que me pase de ver… por picarle con el dedo con un guante a mi hijo, yo no entendí muy bien porque el significado de algunas palabras que usan aquí no lo ubico muy bien”, recuerda Muzzio Arévalo, vestido con pantalón y camisa color beige, en medio del comedor comunitario del Centro Penitenciario, ubicado en el poblado de Atlacholoaya en el municipio de Xochitepec, durante el día de visitas.

Al llegar a la FGE, entonces a cargo de Javier Pérez Durón –sobrino de Elena Cepeda, esposa del gobernador- , se enteró que estaba acusado de abuso sexual en contra de su hijo de 10 años y su hija de 8 años de edad, denuncia que interpuso su ex esposa Victoria Riva Palacio Nieto.

Apenas pasaron un par de horas y fue trasladado al penal de Atlacholoaya, donde ya tenían todo dispuesto para realizar justo al mediodía la audiencia de vinculación.

En menos de una hora, se ordenó prisión preventiva y así inició un proceso judicial plagado de irregularidades y omisiones, en el que curiosamente se desestimó elementos importantes que mostraban que el delito y las pruebas fueron fabricados.

Por ejemplo, se ignoró que los dos menores de edad fueron deliberadamente aleccionados para la audiencia por Diana Flores Segura, ministerio público de la FGE.

De eso quedo constancia en la causa penal JC/1005/2016 donde textualmente se transcribió la siguiente declaración realizada por el niño Muzzio, “estuvimos practicando para el juicio (…) con Diana”.

También se demeritaron los resultados de los exámenes médicos periciales, para saber si hubo algún tipo de abuso, dieron negativos.

Mientras que las declaraciones de Victoria, madre de los pequeños, son contradictorias con dichos exámenes.

Además, entre otras irregularidades, ella declaró falsamente que se divorciaron en 2015 para que cuadrara con la fecha del abuso, cuando en realidad la separación se dio dos años atrás.

Héctor nunca dejó de pagar la pensión para los pequeños, de eso hay evidencia antes las autoridades correspondientes.

El 20 de octubre de 2018, la jueza Yaredy Montes Rivera emitió como sentencia definitiva 38 años de prisión para Héctor como responsable de abuso contra sus dos hijos.

Ante la resolución de la jueza, Héctor apeló su sentencia condenatoria ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), que estaba ya a cargo de María del Carmen Cuevas -quién se vio favorecida con un decreto emitido por el Poder Ejecutivo con el que se estableció 20 años de inamovilidad para magistrados-.

Sin embargo, el fallo fue desfavorecedor porque incluso ordenaron incrementar la sentencia a 42 años de prisión.

De tres magistrados que revisaron su caso, solo Luis Jorge Gamboa Olea observó algunas irregularidades del proceso jurídico, pero fue la mayoría de los votos que se inclinaron por mantenerlo en prisión.

Antesala de la prisión

En 2013 Héctor y Victoria se divorciaron y empezaron las amenazas por parte de ella y su padre Felipe Riva Palacio Guerrero, de quitarle la patria potestad de los pequeños para llevaros a otro país.

En alguna plática, su ex mujer, le reveló que tenía pensado estudiar con una beca en Australia, cuando eso ocurrió “yo le dije que entonces tendríamos que coordinarnos por el bien de nuestros hijos”, relata, Héctor.

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Y los niños le revelaron que “su madre les decía que yo, su papá, estaba enfermo, yo lo supe porque un día mi hija me tomó el rostro con sus manos y me dijo ‘papito no quiero que te mueras yo te quiero mucho’”, recuerda y se le quiebra la voz.

De un día a otro empezaron las negativas por parte de Victoria para que Héctor pudiera visitar a los pequeños y tras varios meses de no verlos, a finales de marzo y principios de abril de 2016, Héctor Gabriel Muzzio Arévalo demandó la guardia y custodia de sus hijos, además planeaba emitir una alerta Amber, pero Victoria se adelantó.

“Siempre tuve claro el poder que tenía Victoria y su familia y lo constaté en cuanto me detuvieron”, dijo Héctor, quien no pierde la esperanza de alcanzar justicia.

Fue un favor que me pidieron de arriba, Pérez Durón

Pasadas las ocho de la mañana, del 25 de octubre de 2016, Héctor logró hacer una llamada a una de sus compañeras de trabajo a quién llamaremos ‘Laura’ (por temor a represalias pidió resguardar sus datos) para informarle que lo habían detenido, estaba en la Fiscalía y necesitaba un abogado.

“Yo conocía a Javier Pérez Durón, en ese tiempo fiscal estatal, así que recurrí a él para pedirle que me ayudara a saber lo que estaba pasando ya que no me daban información”, recuerda ‘Laura’.

Al llegar a la oficina del titular del FGE pidió que la anunciaran e inmediatamente fue recibida personalmente por Pérez Durón.

Laura le comentó lo que sabía hasta el momento: su novio de nacionalidad argentino habría sido detenido y llevado a la Fiscalía, entonces inició una conversación que a casi tres años de distancia la tiene fija en su memoria.

JPD: ¿No me digas que el argentino es tu novio? Me hubieras dicho antes…

L: Me acabo de enterar yo también no sabíamos nada.

JPD: No puede ser, ¿que no les notificó su abogado? nosotros estamos trabajando en esto desde el mes de julio (el fiscal llevó las manos a la cabeza).

JPD: No puede ser, no puede ser… es un favor que me pidieron de arriba, el jefe, y ya no está en mis manos.

Ante el desconcierto de Laura, el fiscal le llamó a su asistente y le pidió que revisara si aún se podía hacer algo.

La mujer, vestida muy elegante, en tono serio le respondió: “No ya no hay nada que hacer, ya fue trasladado al penal”.

Pérez Durón concluyo: “Laura mejor vete rápido al juzgado de Atlacholoaya porque a las 12 es la audiencia”.

El fiscal ordenó que una patrulla la llevara a Atlacholoaya para que pudiera hablar a Héctor antes de la audiencia pero al llegar le impidieron verlo.

Pérez Durón nunca más le respondió una llamada o mensaje de Laura.

De acuerdo con Muzzio Arévalo el favor lo habría pedido Graco Ramírez y su secretario de Administración Pública Carlos Riva Palacio Than, hijo del exgobernador Antonio Riva Palacio López y sobrino de Felipe Riva Palacio Guerrero, administrador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México (Conaculta), durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, padre de Victoria.

Los Riva Palacio van por todo

Una vez que Héctor fue sentenciado, Victoria interpuso otra denuncia ahora reclama que se le retiren los apellidos paternos a sus dos hijos y con ello desligarlos completamente de él.

El próximo jueves está programada una audiencia en la que la jueza pidió revisar nuevamente algunas pruebas y hablar con los menores porque tiene algunas dudas debido a que observó algunas irregularidades.

El profesor de nacionalidad argentina confía en que ahora que ya no está Graco Ramírez las autoridades actuales podrán ordenar la revisión de su caso. “Yo lo que pido es que se haga justicia y se termine con toda esta ola de mentiras, como decía el célebre filósofo griego Platón: La peor injusticia es la justicia simulada”.

Desde el penal de Atlacholoaya solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que intervengan y no pierdan de vista que es una víctima más de la corrupción que existe entre la clase política de México.

Fuente: http://www.aristeguinoticias.com

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