Ciudad de México— Funcionarios del SAT, con el apoyo de militares, intensificaron en los últimos días operativos en ciudades fronterizas de Baja California, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua para decomisar autos “chocolates” en retenes y en locales de venta de vehículos.
Organizaciones de importadores denunciaron que ante el fin del sexenio se intensificó la extorsión y acusaron que las autoridades han generado una serie de regulaciones y requisitos para presionar y evitar la importación legal de las unidades usadas.
Sin embargo, de manera discrecional, las mismas autoridades aduanales permiten a grupos de importadores el ingreso de vehículos otorgando “engomados” sin exigir facturas.
También facilitan la importación “legal” de autos con facturas estadounidenses alteradas, con precios subvaluados hasta en 80 por ciento.
Estiman que en Aduanas como la de Mexicali cada semana los importadores ingresan hasta 500 vehículos, por la que se pagan cuotas entre 150 y 200 dólares por cada uno.
En territorio mexicano, en los operativos de revisión de agentes del SAT, se detecta la documentación alterada o subvaluada y los propietarios son extorsionados para dejarlos libres pagando hasta 30 mil pesos.
En la red de funcionarios involucrados señalan a los administradores de las Aduanas de Ciudad Juárez, Alejandro Miramontes Armenta, y de Mexicali, Enrique Manjarrez.
Según testimonios de agentes de aduanas del SAT que solicitaron el anonimato, los dos mandos ofrecen protección y beneficios a las empresas “Barcelona Transport”, Grupo Integral BC Aduanera, Platinum.
También a importadores que facturan como personas físicas identificadas como “Roberto Quintana Anaya” y “Ruth Noemí Soto Sáenz”.
Los propios agentes señalan que la red de importadores en Juárez es coordinada por los hijos de Miramontes Armenta y por un personaje identificado como “El Morris” protegido por la delincuencia organizada.
Una denuncia entregada ante el Órgano Interno de Control a la que tuvo acceso Reforma señala que mandos de Aduanas de Baja California, Sonora y Chihuahua operan en complicidad y protección de funcionarios de las oficinas centrales del SAT.
Entre los implicados están Alfredo Fisher Melgar, titular de la Administración Central de Investigación y Análisis de Comercio Exterior, y Gabriel García Coppel, administrador de la zona Pacífico-Norte.
Según testimonios de funcionarios y de representantes de agencias aduanales, a pesar de las múltiples denuncias las empresas importadoras no han sido auditadas ni investigadas por la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que encabeza Luis Eduardo Lara.
La denuncia advierte que los actuales funcionarios de la Administración General de Auditoría presumen vínculos con Alfonso Romo para garantizar su permanencia en el próximo gobierno.
Organizaciones de importadores buscarán reunirse con Carlos Urzúa, propuesto como titular de Hacienda, para plantear los abusos y buscar resolver la problemática.
En la franja fronteriza de Tamaulipas, de Piedras Negras a Matamoros, además de la extorsión de funcionarios, los importadores y usuarios de autos “chocolates” también deben enfrentar cobros de grupos criminales.
Además de la exigencia de “moches” durante los operativos de control por parte de agentes del SAT, también el crimen organizado cobra cuotas de entre 3 mil y 5 mil pesos por permitirles cruzan la zona fronteriza.
En Tamaulipas se estima que circulan unos 400 mil vehículos que no han realizado el proceso de nacionalización, pero circulan con “placas” de organizaciones como Onapaffa o UCD.
La Coparmex advirtió que la comercialización de los vehículos chatarra representa 10.05 por ciento de las ventas totales de vehículos en el país.
Fuente: diario.mx
