JCCN / Revista Punto de Vista / 07 de enero 2026
El anuncio del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, de buscar un cargo público en las elecciones de 2027, junto con otros integrantes de su bancada, abre una reflexión necesaria sobre el papel de los representantes populares y la relación que mantienen con la ciudadanía.
Por un lado, resulta legítimo que cualquier actor político aspire a nuevos espacios de representación. La democracia se nutre de la competencia electoral, de la posibilidad de que distintos perfiles busquen la confianza ciudadana y de que los partidos se renueven a través de procesos internos. Guajardo Barrera ha señalado que su inscripción en la plataforma intrapartidista para competir por la candidatura a la presidencia municipal de San Luis Potosí responde a un trabajo previo cercano a colonias, barrios y comunidades. Si ese contacto es real, constante y útil, puede traducirse en una candidatura con sustento social.
También es cierto que, en el marco del relanzamiento del PAN, la apertura de mecanismos digitales para el registro de aspirantes refleja un intento por modernizar procesos y hacerlos, al menos en apariencia, más accesibles y transparentes. Sin embargo, la mera existencia de una plataforma no garantiza equidad, ni asegura que los criterios de “mérito” sean claros, verificables o realmente democráticos. Ahí radica uno de los grandes desafíos: que las candidaturas no se definan solo por acuerdos de élite, sino por una valoración seria del desempeño legislativo, la cercanía con la gente y la capacidad de ofrecer soluciones.
Las aspiraciones no se limitan únicamente a la alcaldía capitalina. Se mencionan otros nombres del PAN con interés en diputaciones federales, reelecciones y alcaldías en distintas regiones del estado. Esto muestra que ya inició, aunque de manera anticipada, la carrera política rumbo a 2027. Ante ello, conviene recordar que quienes hoy son legisladores siguen teniendo responsabilidades vigentes. La ciudadanía no solo evaluará sus promesas futuras, sino lo que han hecho —o dejado de hacer— desde su posición actual.
El propio Guajardo ha reconocido que conforme se acerque el proceso electoral, el debate en el Congreso del Estado se volverá más intenso. Es una dinámica natural: los discursos se endurecen, las posiciones se polarizan y las estrategias partidistas buscan mayor visibilidad. Pero la experiencia demuestra que la ciudadanía cada vez es menos tolerante a las discusiones estériles, los ataques personales y la confrontación vacía. Lo que se espera de los representantes es seriedad, propuestas concretas, capacidad de diálogo y resultados tangibles.
Si los aspirantes del PAN —y de cualquier partido— quieren realmente ganar legitimidad, deberán demostrar que sus intenciones no solo responden a ambiciones personales o intereses partidistas, sino a una vocación de servicio público. Tienen la oportunidad de mostrar que sus aspiraciones están acompañadas de trabajo real, sensibilidad social y compromiso con los problemas cotidianos de la gente: seguridad, movilidad, empleo, servicios públicos, desarrollo regional y calidad de vida.
La contienda de 2027 aún está lejana en términos formales, pero ya empezó en el terreno de las percepciones ciudadanas. Queda en manos de quienes hoy levantan la mano demostrar, con hechos y no solo con discursos, que merecen nuevamente la confianza de la sociedad. Porque la política, más que un trampolín personal, debería ser una responsabilidad permanente frente a quienes, en última instancia, deciden en las urnas.
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