En el último mes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó la cifra histórica de casi 124 mil militares desplegados en el país en tareas de seguridad pública, pero la violencia homicida se mantiene en niveles altos sin clara tendencia a la baja.
Del 21 de abril al 20 de mayo de este año se elevaron a 123 mil 808 los elementos del Ejército en operaciones contra los grupos criminales, principalmente en Guanajuato, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Colima, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa, de acuerdo con información sobre las misiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentada ayer por el titular de la dependencia Luis Cresencio Sandoval González, en Palacio Nacional.
Sin embargo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enero tuvo en promedio 81 homicidios y feminicidios por día; febrero, 83.7; marzo, 87.9 y abril con 87.6.
El estado de fuerza militar representa un incremento de 42% con respecto a los 87 mil 222 oficiales que se tenían del 21 de marzo al 20 de abril de 2022 en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la actual administración, cuyo enfoque es atender las causas que generan la violencia.
Entre el 21 de enero y el 20 de febrero de 2022, la Sedena desplegó 93 mil 879 soldados para tareas de seguridad pública en diferentes regiones del país, de los cuales más de mil tomaron en los primeros días de febrero el control del municipio de Aguililla, Michoacán, ante la violencia entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los llamados Cárteles Unidos.
Del 21 de febrero al 16 de marzo de 2022, el estado de fuerza llegó a 99 mil 666 militares, lapso en que por primera vez Michoacán superó a Guanajuato en el primer lugar a nivel nacional en víctimas de homicidio doloso y feminicidio en números absolutos, y se dio la llegada a Zacatecas de medio millar de soldados.
Del 21 de marzo al 20 de abril, cuando se registró el asesinato de 20 personas en un palenque de Zinapécuaro, Michoacán, la fuerza militar disminuyó a 87 mil 222 elementos, para después situarse en 123 mil 808, la cifra actual, según el reporte presentado.
En el primer cuatrimestre de 2022 suman 10 mil 214 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país, que se concentran en Michoacán, mil 11; Guanajuato, mil; Estado de México, 883; Baja California, 815; Jalisco, 654; Sonora, 584; Chihuahua, 557; Guerrero, 446, y Zacatecas, 445.
A finales de enero, mil 500 soldados y mil 400 agentes de la Guardia Nacional arribaron a Guanajuato para reforzar la seguridad en la entidad, que en este momento se halla en segundo lugar en víctimas de homicidio a nivel nacional, superada por Michoacán. En 2022 más de 3 mil militares han llegado a Michoacán para intentar frenar la violencia que azota al estado, derivada de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos por el control de actividades ilícitas, como la producción y tráfico de drogas sintéticas.
Ingresaron a las comunidades de El Aguaje y Naranjo de Chila, esta última tierra natal de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, para tomar el control de la seguridad; sin embargo, la violencia no cesó porque pese a la presencia militar fueron asesinados el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, y su asesor, René Cervantes Gatyán.
Ante la división en el CJNG, que desencadenó la violencia en Colima, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó en febrero a 950 elementos de infantería, fusileros paracaidistas y de fuerzas especiales para frenar la guerra entre el CJNG y la célula de Los Mezcales, desatada por un rompimiento entre ambos grupos.
Tras la captura en marzo del líder del Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño Morales, El Huevo, el Ejército envió 783 militares más a Nuevo Laredo.
La violencia homicida que afecta al país no se resolverá con la presencia de más militares en las entidades afectadas por la delincuencia, sino con la eficacia y fortalecimiento de las policías locales, coincidieron expertos.
La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera Mitre, llamó al gobierno federal y a los gobernadores para revertir la militarización profundizada en la actual administración, la cual, consideró, no ha funcionado para atender los problemas de inseguridad.
“El número de asesinatos en promedio por día es mayor de lo que tuvimos con Felipe Calderón y con Enrique Peña, lo que nos habla de que aumentar militares no mejora la seguridad”, señaló.
Morera Mitre dijo que las policías estatales y municipales deben estar preparadas para que los militares en 2024 regresen a sus cuarteles, pero el gobierno federal no ha hecho el esfuerzo suficiente para preparar y profesionalizar a los policías, indicó.
“Necesitamos policías y ministerios públicos en este país, y una estrategia de seguridad porque los militares que tienen trabajando en seguridad pública en realidad lo que están haciendo son rondines y no una estrategia de prevención e investigación de homicidios, y que detengan a personas con carpetas de investigación formadas por el Ministerio Público”, añadió.
El analista de seguridad, Ricardo Márquez Blas, afirmó que la apuesta por el número de militares desplegados es inadecuada para la situación, las condiciones y la dinámica de la violencia criminal en el país: “Es una muestra más de que el problema no se resuelve con más elementos en el terreno, sino con mejoras en la eficiencia y calidad”, comentó.
A su parecer, se necesita privilegiar la eficiencia y la calidad en el desempeño, antes que el simple aumento en el número de efectivos distribuidos en las zonas con altos índices delictivos.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez subrayó que al no haber una estrategia federal ni recursos, “pues nos encontramos que hoy estamos con los mayores índices de violencia en nuestra historia. En 40 meses ya rebasamos abundantemente los seis años de violencia de Calderón Hinojosa.
“Si volteamos a ver el mapa postelectoral del año pasado, encontramos que entidades que se encontraban en condiciones de paz, hoy están peor”, expuso.
