La violencia criminal en el proceso electoral no solo afecta a candidatos, políticos y funcionarios, sino también a sus familiares. Madres, esposas e hijos se convierten en blanco fácil de los agresores, aprovechando el desinterés de las autoridades y la ausencia de protección a las familias.
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las familias de los candidatos, funcionarios y representantes de partidos políticos han sido víctimas de al menos 111 agresiones, entre ellas 86 asesinatos, según el estudio “Votar entre balas”, realizado por las organizaciones Data Cívica y México Evalúa.
El estudio detalla que los estados con mayor número de agresiones son Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Morelos, Guerrero y Puebla. Estas regiones han visto un incremento en los ataques, lo que refleja la creciente inseguridad que rodea el proceso electoral.
La falta de protección para las familias de los políticos es una grave preocupación, ya que la violencia no solo amenaza la integridad de los candidatos, sino también la de sus seres queridos. Este fenómeno resalta la necesidad urgente de implementar medidas de seguridad más efectivas para garantizar la protección de todos los involucrados en el proceso electoral.
