El Instituto para la Economía y la Paz en México (IEP) ha publicado los resultados de su estudio Índice de la Paz en México, que revela un preocupante incremento en los homicidios asociados al narcotráfico en los últimos ocho años. Según el informe, este tipo de homicidios ha aumentado casi un 300%, pasando de 8,000 muertes en 2015 a 23,500 en 2022.
El estudio también señala que las muertes violentas no relacionadas con el narcotráfico se han mantenido entre 10,000 y 12,000 al año en el mismo periodo. Un análisis realizado por la organización especializada en narcotráfico, Insight Crime, ha descubierto que los cambios en las dinámicas del crimen organizado son el factor principal que ha contribuido al aumento de la violencia.
Como ejemplo destacado, se menciona el caso de Colima, que actualmente es considerada la entidad más violenta de México. Según el estudio, su situación se debe en gran medida al auge de las drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina. Manzanillo, en particular, se ha convertido en un punto de entrada para los precursores de estas sustancias, ya que ya no requieren grandes extensiones de terreno para su producción. Esto ha convertido a Manzanillo en un punto codiciado por las organizaciones criminales que buscan controlar el tráfico de estas drogas.
Por otro lado, el estado de Durango ha experimentado una tendencia opuesta, registrando cifras positivas en materia de seguridad y homicidios en el último año, los cuales han ido en disminución. Este fenómeno se atribuye al dominio que tiene el Cártel de Sinaloa en la entidad y a la ausencia de cambios significativos en la dinámica criminal.
Guanajuato, al igual que Colima, ha experimentado un aumento exponencial de la violencia en los últimos cinco años debido a los constantes cambios en la logística criminal. La directora de investigación del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, entrevistada por Insight Crime, destacó que mientras que en 2010 Guanajuato no era tema de conversación, hoy en día acapara los titulares de la prensa.
El auge del robo de combustible, conocido como “huachicoleo”, ha permitido que grupos criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima se apoderen de Guanajuato y aumenten su poder al diversificar sus actividades delictivas hacia el narcotráfico y la extorsión.
Chiapas también ha llamado la atención de los analistas de seguridad, a pesar de estar considerado como el tercer estado más pacífico de México. Los enfrentamientos entre grupos criminales en la región han provocado el desplazamiento de miles de habitantes, generando preocupación sobre la posible expansión de la violencia a nuevas zonas del país.
El estudio Índice de Paz México también estima que el impacto económico de la violencia en el país durante 2022 alcanzó los 4.6 billones de pesos mexicanos (unos 230 mil millones de dólares), lo que representa el 18.3% del producto interno bruto (PIB) mexicano. Esto equivale a un costo per cápita de 35,700 pesos (1,988 dólares).
Es importante destacar que México es la única gran economía mundial que mide el impacto de la violencia en su PIB. Según el informe, este indicador ha experimentado una caída por tercer año consecutivo, con una reducción del 5.5%, equivalente a 271 mil millones de pesos (15.1 millones de dólares) en comparación con el año anterior.
El estudio compara esta cantidad con las inversiones públicas realizadas en salud y educación en el mismo año, señalando que el costo de la violencia en México es seis veces mayor que las inversiones en salud y cinco veces mayor que las inversiones en educación.
En 2022, el gasto en seguridad pública y el sistema judicial en México representó el 0.6% del PIB nacional, cifra inferior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que fue del 1.7%.
