El Gobierno de Michoacán interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la presencia de la figura de coordinador estatal de Programas Integrales de Desarrollo, conocidos como superdelegados, anunció el gobernador Silvano Aureoles.
Adelantó que ni él, ni ninguno de los funcionarios de su administración, participarán en las reuniones de seguridad a las que ha convocado el Gobierno federal a través de su representante. “No volveré a convocar a ninguna sesión de seguridad (como la del domingo). Se hizo por cortesía y plena disposición a colaborar con el Gobierno de la República, pero no volverá a suceder; no volveré a convocar a una sesión de esta naturaleza porque no hay las facultades”, advirtió.
Señaló que la figura de coordinadores estatales de Programas Integrales de Desarrollo invade facultades y en la práctica, instala una autoridad paralela que en Michoacán ya se vivió en la época de Alfredo Castillo.
El mandatario michoacano descartó que esas determinaciones y acciones sean “producto de un arranque, provocación o desafío, sino de responsabilidad de velar por el pacto federal. Se trata de una invasión de facultades y garantizar la supremacía constitucional, no puede haber dos autoridades paralelas, cuando hay un Ejecutivo estatal que tiene legalidad y legitimidad”, dijo.
Rechazó que esto signifique de su parte una ruptura con el Gobierno de López Obrador y señaló que su actitud no será beligerante ni retadora, “sino que pondrá de su parte todo lo necesario para lograr la coordinación por el bien del Estado y sus habitantes”.
El gobernador señaló que una vez que revisó lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las figura del llamado superdelegados, habla de atribuciones sólo en los programas de desarrollo. “Sin embargo, los señores se han atrevido a girar sendos oficios donde están convocando a los fiscales, cuerpos de seguridad, comandantes, no sólo en el ámbito estatal sino también regional”, acusó.
Bajo el argumento de disminuir la burocracia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma a la Ley de Administración Pública, que elimine a los delegados federales para sustituirlos por coordinadores estatales, designados por el Ejecutivo y concentrarían las funciones en una persona por Estado.
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