La Cámara de Diputados aprobó que los impartidores de justicia federales y locales pongan a disposición del público el texto íntegro de todas las sentencias emitidas, de modo que se cumpla con el principio de máxima publicidad de las resoluciones.
El documento fue avalado por unanimidad. Fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
En él se establece que los juzgadores tendrán 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto para iniciar la difusión de las versiones públicas de las sentencias.
Esta medida fue impulsada por colectivos y legisladores, entre ellos el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (MC).
La organización Equis: Justicia para las Mujeres, celebró este logro.
Indicó que con el ajuste se facilitarán las auditorías ciudadanas, la evaluación del trabajo de los juzgadores y la identificación de patrones que puedan dar indicios de actos de corrupción.
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