Las actividades en el Senado de la República continúan con intensidad tras la reciente aprobación de la reforma que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En una jornada de cuatro horas de debate, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos dieron luz verde a la iniciativa que permitirá que la Guardia Nacional sea transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La minuta fue aprobada con 25 votos a favor, provenientes de los senadores de Morena y sus aliados, frente a 10 votos en contra de la oposición. La reforma constitucional ahora pasará al pleno del Senado, donde se discutirá a lo largo de la semana.
Con esta reforma, se establece que la Sedena tendrá el control sobre el personal de la Guardia Nacional, lo que abre la puerta a que las Fuerzas Armadas realicen, de manera permanente, tareas de seguridad pública y funciones civiles. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, defendió las modificaciones, argumentando que son una respuesta necesaria y urgente a la creciente inseguridad en el país. “Con esta reforma se dotará al Estado de una fuerza de seguridad pública nacional disciplinada y profesional, capaz de enfrentar los desafíos del crimen organizado y otras amenazas a la seguridad”, afirmó Godoy.
Sin embargo, la oposición no tardó en manifestar su desacuerdo. Senadores como Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, y Ricardo Anaya, de Acción Nacional, criticaron la iniciativa, argumentando que representa una clara militarización de la seguridad pública. “Hemos presenciado aquí un verdadero espectáculo de maromas mentales, para decir que no están militarizando la seguridad pública”, expresó Anaya, subrayando su preocupación por el impacto de esta reforma en la seguridad civil.
Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que se implementarán medidas para restringir el acceso a ciudadanos ajenos al Senado durante las sesiones, con el objetivo de garantizar un desarrollo libre y seguro de los trabajos legislativos. La discusión sobre la reforma y sus implicaciones para la seguridad del país continuará, generando un intenso debate entre los legisladores y la sociedad civil.
