Aunque en “las calles” se sabe desde hace años, “ahora se reconoce desde el gobierno: Ayotzinapa fue un crimen de Estado”, expuso la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso (Covaj) en un segundo video sobre las indagatorias.
Mientras se liberaron a imputados por considerarse víctimas de tortura, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial no persiguieron a los torturadores y “en años recientes han fallecido al menos 26 probables responsables de los hechos y uno de ellos fue ejecutado durante un operativo fallido de la Fiscalía General de la República”, se indica en el video.
Por medio de redes sociales, al difundir el video, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sostuvo que “desde 2014 se escuchó la consigna #FueElEstado en las calles”. Ante ello, apuntó que el reciente informe de la Covaj “confirma la articulación de autoridades de todos los órdenes y poderes para desaparecer a 43 personas y obstaculizar la justicia. Es, sin duda, un crimen de Estado”.
En tanto, en el video de poco más de dos minutos y el cual es el segundo de cuatro vídeos, se recalca que “una de las evidencias más contundentes, que ilustra la participación clara de las instituciones y facultada por la PGR, es la ruta que siguió el llamado quinto autobús”.
También se recuerda que los estudiantes de la normal rural, durante los hechos de 2014, buscaban trasladarse a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre, por lo que tomaron varios autobuses “sin saber que, uno de ellos, precisamente el que omitió mencionar la mal llamada ‘verdad histórica’, provocaría una reacción violenta de grupos criminales y autoridades, pues contenía droga o dinero ocultos”.
Después de que los estudiantes desaparecieron, “cuerpos de seguridad y grupos delictivos se organizaron para abrirle pasó a ese camión en todos los retenes que encontró hasta salir de Guerrero”.
A la par, se subraya que las acciones del Estado no se reducen solamente a ese día, ya que las familias de las víctimas “enfrentaron a una clara obstrucción” en su acceso a la justicia por parte de la entonces Procuraduría y del poder judicial.
“Cada una de las instancias hicieron lo contrario a su deber: complicaron el proceso dilatando y dividiendo expedientes; liberaron a los acusados bajo la premisa de que fueron torturados; pero no persiguieron a los torturadores; desecharon pruebas obtenidas con colaboración internacional; descartaron el delito de desaparición con argumentos insostenibles; ordenaron destrucción de videos; entorpecieron las investigaciones y ocultaron la verdad”.
La Comisión recalcó que “la investigación seguirá avanzando, no habrá carpetazo. Pero lo tenemos claro: Ayotzinapa es un crimen de Estado”.
