La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., emitió una contundente declaración este lunes, denunciando un creciente aumento de los ataques por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia jueces federales, defensores y fiscales estatales. La organización de abogados manifestó su rechazo ante estos actos, calificándolos como un menoscabo a la división de poderes, una amenaza a la soberanía de los estados y una interferencia inapropiada en la independencia judicial.
La Barra Mexicana enfatizó que las acciones de las autoridades están limitadas por la Constitución y que desacreditar y atacar a jueces y fiscales por ejercer sus facultades constituye una violación a los derechos humanos y al marco legal establecido. En consecuencia, exhortaron al presidente López Obrador y a otras autoridades a cesar estos ataques y a respetar estrictamente lo establecido en la Constitución.
Desde hace varios meses, la organización de abogados ha expresado su preocupación ante los ataques del mandatario hacia el Poder Judicial, situación que se agravó tras la designación de Norma Piña como nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Obrador no solo arremete contra la presidenta de la Corte, sino también contra jueces que han dictaminado la suspensión de obras del gobierno federal, como el caso del Tren Maya, así como contra los ministros que han invalidado sus reformas, como el plan B electoral.
Un reciente episodio que resalta en este conflicto fue el ataque del presidente contra Martín Santos, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien emitió una orden para que se suspendieran los ataques hacia Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. La situación refuerza las preocupaciones de la Barra Mexicana sobre la interferencia en el ejercicio profesional y la independencia de los jueces.
La Barra Mexicana, como representante de la comunidad legal, hace un llamado a las autoridades para que respeten la Constitución y cese la campaña de ataques en contra del Poder Judicial, fiscales y abogados, asegurando así el correcto funcionamiento de las instituciones y el Estado de Derecho en el país.
