Durante la administración de Enrique Peña Nieto, que incluye una Legislatura del Senado y dos Legislaturas de la Cámara de Diputados, el Gobierno federal le depositará al Congreso de la Unión más de 66 mil 522 millones de pesos para el gasto corriente y el pago de la nómina de los senadores y diputados, incluyendo todos sus equipos. Esta cifra dividida entre los 128 senadores y los 500 diputados arroja que cada legislador federal costará 105.9 millones de pesos al erario en promedio en los últimos seis años.
Mientras tanto, existe un factor común en el trabajo legislativo: si bien hay dos mil 96 leyes, reformas o decretos aprobados en las dos Cámaras, existen otras cuatro mil 557 que están pendientes en temas prioritarios para la población.
El ejemplo emblemático es el tema de la inseguridad y la procuración de justicia. La reforma del mando mixto policial se encuentra congelada desde hace cuatro años, la Ley de Seguridad Interior aún no entra en vigor por las acciones de inconstitucionalidad promovidas en su contra. Las reformas al nuevo sistema de justicia penal también están en el cajón, a pesar de la inconformidad de gobernadores y alcaldes.
Lo que sigue en aumento es el gasto en los privilegios, como el seguro de gastos médicos, las dietas, autos oficiales, celulares y el desembolso discrecional en las asignaciones a los grupos parlamentarios, una bolsa millonaria que algunos sectores de la sociedad civil han acusado de ser la “caja chica” de los coordinadores.
El Partido Movimiento Ciudadano defiende el recorte a los privilegios, pero el tema causa revuelo tras la propuesta emitida por la bancada de Morena, que tendrá la mayoría en la siguiente legislatura. Pretende una reducción de cuatro mil millones de pesos en el presupuesto anual del Congreso de la Unión. En otras palabras, si este año se cuenta con un presupuesto de 13 mil 344 millones de pesos, para el siguiente año quedaría en nueve mil 344 millones de pesos en las dos Cámaras.
La propuesta del recorte va de la mano con el plan de austeridad del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Martí Batres, próximo senador de Morena, explica que el ahorro se lograría a partir de la eliminación de prestaciones o sueldos, la supresión de partidas a grupos parlamentarios y comisiones, la disminución de viajes al extranjero, la reducción de contratos por honorarios, la desaparición del seguro de gastos médicos y la no adquisición de parque vehicular, entre otros.
El tema será discutido en los siguientes meses, de cara al análisis y la aprobación del presupuesto federal 2019.
Estamos a favor de la austeridad: Esquer
Alberto Esquer, quien será coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la próxima Legislatura en la Cámara de Diputados, aseguró que el grupo parlamentario está de acuerdo en la eliminación de los excesos. Y señaló que tienen una postura a favor de la austeridad.
“Todos estos presupuestos deben ser en beneficio de los mexicanos, quitando el derroche económico que se ha venido dando en la Cámara de Diputados. En esa misma agenda estamos proponiendo que se quiten las pensiones a los ex presidentes, el gasto excesivo en la imagen pública de los funcionarios federales y que todo ese dinero de ahorros se vaya a una pensión para los jornaleros agrícolas y para que puedan tener una pensión digna para el retiro”.
Explicó que impulsarán una agenda para nombrar a un fiscal autónomo y llevarán al Congreso los mecanismos de participación ciudadana que impulsó el partido en Jalisco, con la intención de legislar la revocación de mandato, el presupuesto participativo y el gobierno abierto.
“La participación ciudadana debe ser un verdadero ejercicio de Gobierno tanto en lo federal, en lo estatal y en lo municipal. Esa agenda ciudadana la vamos a estar impulsando en lo federal”.
Señaló que su compromiso es sacar de la congeladora la reforma para eliminar el fuero a todos los funcionarios. Acentuó que también impulsarán una agenda verde que privilegie las energías limpias y sustentables en el país.
En materia del campo buscarán que los programas sean transparentes y el dinero llegue a quienes verdaderamente lo necesitan.
Morena va por recorte de 4 mil millones
La bancada de Morena en el Congreso de la Unión pretende replicar el plan de austeridad del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el Legislativo federal. Proponen ahorros por cuatro mil millones de pesos cada año en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Los morenistas pretenden recortar dos mil millones del presupuesto anual de cada Cámara. Con ese planteamiento, la bolsa anual del Senado pasaría a dos mil 905 millones y la Cámara de Diputados bajaría a seis mil 439 millones de pesos.
El senador electo Martí Batres explicó que en la Cámara Alta, los ahorros se lograrían aplicando fuertes recortes a las dietas, prestaciones, salarios de altos mandos, estructura administrativa, contrato por honorarios, aportaciones a grupos parlamentarios y comisiones, pasajes, viáticos y en materiales y suministros.
“Ya estamos hablando de los privilegios de los senadores, pero ahora también vamos a hablar de los privilegios de los altos mandos de la Cámara de Senadores”.
En una década, fracasan cinco intentos para recortar a los “pluris”
Durante una década se han presentado varias iniciativas para recortar el gasto del Congreso de la Unión mediante la disminución de legisladores plurinominales. Sin embargo, ninguna ha prosperado.
En 2009, el entonces Presidente Felipe Calderón envió una iniciativa para reducir de 200 a 100 los diputados plurinominales. La propuesta fue rechazada por la bancada del PRI, al señalar que se necesitaba una reforma al Congreso para volver funcional al Poder Legislativo. El PAN insistió en el tema en mayo de 2011, pero de nueva cuenta se topó con pared.
En octubre de ese mismo año, el entonces aspirante a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto propuso eliminar 100 diputados plurinominales, poco antes de ganar la candidatura del tricolor.
En 2014, el PRI retomó la propuesta y lanzó una consulta popular para disminuir 100 diputados federales y 32 senadurías por el principio de representación proporcional. La consulta fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Casi tres años más tarde, en enero de 2017, en medio de las protestas por el aumento de los combustibles, el PRI insistió en el tema una vez más y el Grupo Parlamentario del tricolor presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución para disminuir el número de legisladores federales.
La propuesta de la bancada priista, que tampoco vería la luz, explicaba que se lograrían ahorros de 178 millones de pesos al año en la Cámara de Diputados y de 62 millones en el Senado de la República.
En su momento, el vicecoordinador parlamentario Jorge Carlos Ramírez Marín aseguró que el Congreso se había convertido en una onerosa burocracia que dificultaba el trabajo legislativo. Además, pidió no caer en el simplismo de recortar viajes o seguros de vida.
“Eso es responder a la coyuntura… eso es querer ponerse un traje que no le queda hoy a nadie en esta generación de políticos, que han visto pasar la transformación del país y no han intervenido para hacer la transformación del Congreso, su real y auténtica transformación. No es comprensible un Congreso de este tamaño en un país con este tamaño de desigualdades. Tenemos un país que exige acciones más rápidas, determinaciones más rápidas, legislaciones más eficientes”.
La propuesta fue calificada por expertos como un intento por aprovecharse del descontento social y advirtieron que desaparecería del espectro a las minorías en el Congreso al otorgarle una mayoría absoluta al PRI. Finalmente, la iniciativa no pasó.
Opacidad en el gasto
Falta de transparencia en las asignaciones presupuestarias para los grupos parlamentarios, el otorgamiento de bonos y recursos para gestoría, son algunas de las prácticas opacas que prevalecen en el Congreso de la Unión.
Así lo reveló el último Reporte Legislativo de Integralia, donde se señala que en los últimos años hay un aumento sistemático del presupuesto sin justificación alguna.
De acuerdo con el documento, que analiza el primer año de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de 2000 a 2016, el presupuesto de la Cámara de Diputados aumentó un 85%, al pasar de cuatro mil millones a siete mil 559 millones de pesos. En el mismo periodo, en el Senado de la República esta bolsa aumentó de dos mil 136 millones a cuatro mil 422 millones, un incremento de 107 por ciento.
Mientras que en el último año de la Legislatura, los incrementos no se han detenido. El presupuesto actual en ambas Cámaras es de ocho mil 439 millones para los Diputados y de cuatro mil 905 millones para los Senadores.
Por su parte, los incrementos en las asignaciones presupuestarias para los grupos parlamentarios no paran. En la Cámara Baja estas subvenciones se incrementaron 40% entre la Legislatura de 2009-2012 y 2012-2015, al pasar de dos mil 615 millones de pesos a tres mil 671 millones.
En el Senado, de enero de 2014 a junio de 2015 se gastaron mil 848 millones de pesos por este concepto.
El problema con las asignaciones a los grupos parlamentarios es la opacidad. Se buscó información actualizada a este año del gasto y en el Senado no se localizó un documento que informara con precisión sobre la partida 3993, sólo se encontraron informes trimestrales del presupuesto ejercido que lo incluyen de forma general en la partida de Otros servicios generales. Aunque según varios medios nacionales, en 2018, las bancadas podrán disponer de mil 51 millones de pesos.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados no se localizó documento alguno que precisara este desembolso. La información presupuestaria disponible en su página web sólo especifica por capítulo y lo mismo en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot).
De acuerdo con el estudio de Integralia, los vacíos legales para justificar y transparentar el gasto de las bancadas ha permitido que estos recursos funcionen en algunas ocasiones como la “caja chica” de los coordinadores parlamentarios.
A principios de este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en su revisión a la Cuenta Pública 2016 del Congreso de la Unión, irregularidades por al menos mil 616 millones de pesos, en particular en Subvenciones y otros conceptos asociados a la actividad legislativa. En el Senado, los legisladores no aclararon ni justificaron el uso de mil 16 millones de pesos en “Asignaciones a los grupos parlamentarios”.
En junio pasado se dio a conocer que la senadora con licencia del PT, Layda Sansores, facturó a nombre del Senado gastos personales que ascienden a 700 mil pesos durante 2016 y 2017. Tales como tintes para el cabello, desodorantes, pasta de dientes y ropa, entre otros. La legisladora negó que fueran gastos personales.“Hay que eliminar los privilegios”
Alberto Bayardo consideró que se deben eliminar todos los privilegios con los que cuentan los diputados y senadores, que sólo engordan el presupuesto del Congreso de la Unión.
Señaló que casos como el de Layda Sansores, quien fue sorprendida cargando gastos personales en el Senado, son la “norma” en el gasto del legislativo.
“Hay muchas partidas presupuestales que se deben eliminar. Por ejemplo, la peluquería del Senado, entiendo que tienen muchas cosas qué hacer y ahí se la pasan todo el día, pero eso no tendría que pagarse con presupuesto del Senado, eso lo tendría que pagar cada senador de su salario. Se invierte mucho en tratarlos como reyes, hay muchas partidas en las que se puede recortar. Nada más hay que cuidar que no se eliminen a funcionarios de corte más técnico, que son los que usualmente sacan adelante la chamba”.
Agrega que también se les dota de vehículos oficiales que están a cargo de las bancadas y hasta se les paga la gasolina. “Son varias cuestiones para revisar, sobre todo si son aceptables en el concepto de una República y en el contexto económico de nuestro país”.
Consideró también que se deben transparentar las asignaciones que se dan a los grupos parlamentarios, así como analizar la calidad del trabajo que hace cada legislador, pues hay algunos que proponen pocas iniciativas, pero muy relevantes, mientras que otros lanzan varias sin mayor importancia.
Señaló también que se debe revisar la propuesta de recortar el número de legisladores plurinominales, pues explicó que muchas veces quienes llegan a través de ese sistema son quienes “sacan la chamba” y presentan las mejores propuestas que los que arriban por el principio de mayoría relativa.
“Debe existir más transparencia”
Jesús Ibarra considera que, a la par de reducir el gasto legislativo mediante el recorte de privilegios de los que gozan los diputados y senadores, debe existir mayor transparencia presupuestaria.
“El Congreso de la Unión es la institución que tiene el ejercicio presupuestal más discrecional que hay. No transparenta las bolsas o las cajas chicas para ejercer los recursos. Si hubiera un control más riguroso del dinero que se otorga a cada fracción parlamentaria, el ahorro sería mayor. Si uno quiere realmente cortar los recursos y ahorrar de forma eficaz, más que despedir personas en el Congreso, lo que se debe hacer es controlar las bolsas de las fracciones parlamentarias y las contrataciones de asesores”.
Rechaza la propuesta de desaparecer los centros de estudio de la Cámara de Diputados, pues explica que mucho del trabajo académico y de los datos relevantes sale de esos espacios.
“Donde tendrían que ponerle tijera es en las partidas discrecionales que luego ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación revisa con claridad porque ahí, además de ser la mayor cantidad de dinero que se gastan, también está la mínima rendición de cuentas”.
Pendientes, cuatro mil 557 iniciativas en el Congreso
Los diputados y senadores tienen un saldo de miles de iniciativas pendientes de aprobar, rechazar o dar por concluido su trámite legislativo. En total, son cuatro mil 557 propuestas “en suspensión” en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
En el Senado de la República, a la fecha se contabilizan 634 iniciativas pendientes de dictamen, de un total de dos mil 329 presentadas por los legisladores a lo largo de casi seis años.
Del total de las iniciativas presentadas por los senadores han sido aprobadas 803, se han desechado 428, se retiraron 69 y en al menos 395 casos se concluyó su trámite legislativo (sin ser aprobadas o rechazadas).
Mientras que en la Cámara de Diputados se contabilizan tres mil 923 pendientes. Tan sólo en la actual Legislatura, información estadística parlamentaria da cuenta de tres mil 804 iniciativas pendientes de dictaminar corresponden a la presente Legislatura. Las 119 propuestas restantes fueron heredadas de Legislatura anterior.
En el periodo 2015-2018 de la Cámara Baja fue cuando se disparó el número de iniciativas, con un total de seis mil 616 propuestas turnadas, la mayoría de las cuales salieron de la bancada del PRI. Se aprobaron 804, desecharon 919 y se retiraron 639 iniciativas.
En la legislatura de 2012 a 2015 se turnaron tres mil 494 propuestas, de las cuales se desechó más de la mitad (dos mil 602), se aprobaron 489 y fueron retiradas 284.
En la congeladora, Ley de Aguas
La iniciativa para expedir una nueva Ley General de Aguas cumplió tres años almacenada en la congeladora legislativa. Si bien la polémica se revivió en junio con la publicación de 10 decretos que eliminaron las vedas existentes en cuencas hidrológicas, la reforma continúa olvidada.
Desde 2015, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha intentado aprobar esta iniciativa para sustituir la Ley de Aguas Nacionales, que entró en vigor durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Fue en marzo de 2015 cuando se presentó el proyecto, que pretendía especificar funciones y acciones conjuntas entre autoridades para garantizar el derecho al agua, el derecho de acceso a la información sobre recursos hídricos, crear un órgano para prestar este servicio, priorizar el uso doméstico y otorgar concesiones para la explotación del líquido, entre otros.
Sin embargo, el primer intento no prosperó por el escándalo que provocó la salida del titular de la Conagua, David Korenfeld quien fue sorprendido utilizando un helicóptero oficial para fines personales.
A principios de este año reapareció la propuesta en la Cámara de Diputados a través del legislador José Pichardo Lechuga, pero fue señalada de ser una copia de la iniciativa anterior y acusaron que facilitaría el uso industrial del agua para la actividad de extracción de hidrocarburos, mediante el “fracking” o fractura del subsuelo.
En junio se publicaron 10 decretos presidenciales que eliminaron las vedas existentes en cuencas hidrológicas en una extensión que comprende el 55% del volumen de agua superficial en México. Esto, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales Vigente.
Estas cuencas se transformaron en zonas de reserva de aguas superficiales. Las reservas, por ley, sólo pueden destinarse a los usos doméstico, servicio público, urbano y ambiental o para conservación ambiental en las mismas cuencas hidrológicas.
Si bien se acusó de que estos decretos “privatizaban” el agua y que se había aprobado de facto la Ley General de Aguas, esto es falso, pues sólo se reordenaron algunas zonas de veda utilizando facultades que ya tiene el Ejecutivo federal.
Por lo pronto, la reforma a la Ley de Aguas continúa en análisis a unos meses de que concluya la presente Legislatura y llegue un Congreso dominado por Morena.
Fuente: https://www.informador.mx
