La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Juan Ramiro Robledo, aprobó una reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que redefine el estatus de las empresas estratégicas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Con 21 votos a favor y 18 en contra, el dictamen busca devolver a estas entidades su carácter de “públicas”, en un movimiento impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma establece que, en el ámbito eléctrico, los intereses particulares no podrán prevalecer sobre la CFE, cuyo objetivo será garantizar el acceso a la electricidad y cumplir con su responsabilidad social. Además, se incorpora una modificación que asigna al Estado la responsabilidad de la transición energética, promoviendo el uso sustentable de todas las fuentes de energía para reducir las emisiones contaminantes.
La planeación y control del sistema eléctrico nacional se enfocará en asegurar un suministro de electricidad accesible, preservando la seguridad energética y evitando el lucro. También se especifica que el servicio de internet y áreas estratégicas como el litio no se considerarán monopolios.
Durante el debate, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la oposición de ser “traidores a la patria” por defender los intereses de empresas privadas en el sector eléctrico. En contraste, el priista Rubén Moreira defendió su postura, señalando que los verdaderos traidores son aquellos que han entregado el país al narcotráfico. Por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez criticó la gestión de la CFE bajo Manuel Bartlett, argumentando que ha causado pérdidas significativas a la empresa.