En una decisión que ha generado preocupación en el ámbito político y electoral, el Tribunal Electoral ha obligado al Instituto Nacional Electoral (INE) de México a modificar las fechas de las precampañas para las elecciones presidenciales, al Senado y Diputados, lo que ha generado inquietud entre los consejeros electorales sobre la fiscalización de los gastos de los precandidatos.
El Consejo General del INE aprobó que las precampañas ahora comiencen el 20 de noviembre de 2023 y concluyan el 18 de enero de 2024. Esta extensión, a pesar de que seis de los siete partidos ya han seleccionado a sus candidatos presidenciales, ha llevado a preocupaciones sobre la capacidad de realizar una fiscalización efectiva.
El consejero Martín Faz expresó su inquietud, afirmando: “No coincido en que esta etapa se extienda hasta el 18 de enero, ya que poner las precampañas hasta el último día permitido por la ley pone en riesgo una de las tareas más importantes, que es la fiscalización”.
El INE inicialmente había definido que el período de precampaña fuera del 5 de noviembre al 3 de enero, pero con el ajuste del calendario, el plazo para la fiscalización se redujo de 57 días a 40 días.
La propuesta de modificación fue presentada por la presidencia del INE, a cargo de Guadalupe Taddei, quien argumentó que, al igual que el Tribunal, se estaban protegiendo los derechos de los partidos políticos. La propuesta obtuvo seis votos a favor contra cinco en contra por parte de los consejeros.
El consejero Uuc-Kib Espadas, quien respaldó la propuesta, admitió que esto requerirá la contratación de más personal para las tareas de fiscalización, ya que tres días representan el 20 por ciento del trabajo de la Unidad de Fiscalización.
Sin embargo, el consejero Jaime Rivera advirtió que simplemente contratar más personal no es suficiente, y enfatizó la necesidad de capacitar adecuadamente al personal para garantizar una fiscalización exhaustiva.
La consejera Carla Humphrey también expresó su preocupación, alegando que el Tribunal les había dejado “un gran problema” con esta decisión.
Los consejeros advirtieron que la fiscalización también afectará otras etapas del proceso electoral, ya que los plazos son muy limitados para que los aspirantes sancionados recurran al Tribunal, y existe la posibilidad de que se retiren registros que ya han sido inscritos.
Durante la sesión del Consejo, se había propuesto reducir en siete días el período de precampaña, pero esta sugerencia fue rechazada por todos los partidos políticos. La situación plantea desafíos significativos para el proceso electoral y la fiscalización de los gastos de los precandidatos en México.
