La campaña para las elecciones judiciales de 2025 en México, donde por primera vez se elegirán por voto popular a jueces, magistrados y ministros, concluyó el 28 de mayo en un ambiente de desorganización y prácticas cuestionables.
Una de las principales preocupaciones fue el uso masivo de “acordeones”, hojas con listas de candidatos y sus números asignados, distribuidas en espacios públicos, iglesias y eventos sociales. Estas acciones generaron críticas por considerarse una forma de propaganda indebida y por la falta de intervención de las autoridades electorales para regularlas.
Además, se reportaron presiones por parte de entidades gubernamentales y corporativas hacia empleados y ciudadanos para apoyar a ciertos candidatos, lo que ha sido señalado como una amenaza a la equidad del proceso electoral.
La falta de información clara y accesible sobre los candidatos y sus propuestas también ha sido motivo de preocupación. Muchos votantes expresaron confusión y desconocimiento sobre los perfiles de quienes aspiran a ocupar cargos en el Poder Judicial, lo que podría afectar la legitimidad de los resultados.
Organizaciones civiles y expertos en procesos electorales han llamado a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar la transparencia y equidad de la jornada electoral del 1 de junio, subrayando la importancia de estas elecciones para la consolidación democrática del país.
