En medio de la transición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al IMSS-Bienestar, una investigación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha arrojado preocupantes conclusiones. Titulada “Estudio sobre el derecho a la salud 2023: un análisis cualitativo”, esta revisión examina la federalización de los servicios estatales de salud mediante el IMSS-Bienestar y alerta sobre la falta de rumbo, directriz, normas, personal e infraestructura adecuados, lo que genera incertidumbre en el sector.
El análisis realizado con base en entrevistas a personal médico y pacientes de diferentes estados pone de manifiesto obstáculos que enfrenta la población sin seguridad social para acceder a una atención médica efectiva. Entre las principales preocupaciones se encuentra la pérdida de eficiencia debido a la centralización de funciones, así como la falta de claridad y certidumbre en las entidades durante la transición y coordinación hacia el nuevo modelo.
El Coneval subraya que es fundamental reforzar y detallar las funciones que deben desempeñar las autoridades estatales para garantizar una adecuada transición y coordinación hacia el nuevo modelo. En las entrevistas de campo, se recopilaron testimonios del personal médico que expresaron su preocupación por la falta de definición federal en el nuevo modelo y la incertidumbre sobre su operación.
Además, se ha detectado que la estructura organizacional planteada por el nuevo modelo no se ajusta a las necesidades reales en los hospitales, lo que resulta en la desaparición de puestos esenciales como jefe jurisdiccional, jefes de programas y coordinadores de enfermería.
El estudio del Coneval también destacó que las personas entrevistadas mostraron confusión sobre cómo funcionará el modelo de atención a la salud, lo cual podría deberse a los mecanismos de comunicación entre la Secretaría de Salud y las entidades.
El nuevo modelo de salud enfrenta un doble reto, ya que según estudios de 2021 y 2022, debido a la pandemia de COVID-19, el acceso a los servicios de salud a nivel nacional ha disminuido significativamente. La carencia de acceso aumentó del 16.2% en 2018 al 28.2% en 2020, las consultas en comunidades remotas se redujeron de 2.3 millones en 2018 a 1.2 millones en 2021 y la tasa de mortalidad por diabetes ha aumentado un 50% de 2012 a 2021.
