MRS / Revista Punto de Vista / 04 de Febrero 2025
La reciente decisión de Estados Unidos y Canadá de designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y plantea desafíos complejos para México. La medida fue inicialmente ordenada por el presidente Donald Trump para ampliar el arsenal legal contra el crimen organizado, pero su impacto va más allá del ámbito legal y abarca áreas estratégicas como la soberanía nacional, la economía y la seguridad regional.
Al designar a estos grupos como organizaciones terroristas, Washington tiene el poder de congelar sus activos, prohibir transacciones financieras y restringir el acceso de sus miembros al territorio estadounidense. La amenaza de una intervención militar directa -aunque legalmente imposible sin el consentimiento de México- ha alimentado las tensiones diplomáticas. Como señala el análisis de WOLA, la Ley de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2001 no se aplica a esta cuestión porque los cárteles de la droga no tenían ninguna conexión con los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, la retórica beligerante amenaza con socavar la cooperación bilateral en materia de seguridad, que es crucial para combatir fenómenos transnacionales como el contrabando de armas y fentanilo.
El sector bancario de México enfrentará una presión sin precedentes. Instituciones como Banamex y BBVA, que tienen operaciones multinacionales, necesitan fortalecer la regulación para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, lo que implica invertir en tecnología y capacitación. Dafne Martínez, de YG Consultores, advirtió sobre “mayores costos de cumplimiento” y riesgos para la reputación que podrían surgir de vínculos inadvertidos con los cárteles. Además, las remesas (más de 60.000 millones de dólares para 2024) pueden verse sometidas a controles más estrictos, lo que afectará a los millones de hogares que dependen de estos recursos.
La designación requiere especificar qué cárteles están incluidos en la lista de terroristas, y en este proceso participan el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Congreso de Estados Unidos. Esto abre una compleja línea de batalla legal: si bien el Cártel de Sinaloa puede ser el objetivo principal, la fragmentación de los grupos criminales en este momento (hay más de 200 bandas operando en todo México) hace difícil identificar objetivos precisos. Diplomáticamente, México puede enfrentar presiones para modificar sus leyes federales penales y antiterroristas para adecuar su marco legal a estas designaciones, pero esto no ha sido una prioridad hasta ahora.
Pero, paradójicamente, la medida puede empeorar la violencia. La experiencia de Colombia en la lucha contra los cárteles de la droga en la década de 1990 mostró que las tácticas de alta presión pueden conducir fácilmente a la fragmentación de los cárteles de la droga y desencadenar guerras territoriales aún más sangrientas. En México, la detención de “El Mayo” Zambada ha desatado una ola de violencia en el estado de Sinaloa, con ejecuciones en hospitales y el uso de drones armados. La criminalización generalizada de los cárteles, sin abordar los problemas subyacentes, ha reducido las oportunidades de negociaciones locales que históricamente han frenado la masacre.
Los cambios en la política antinarcóticos de América del Norte están obligando a México a repensar su estrategia de seguridad más allá de la situación actual. Las designaciones de terroristas pueden proporcionar nuevas herramientas para desmantelar las estructuras financieras de los cárteles, pero sin inversiones en inteligencia civil, reformas judiciales y oportunidades económicas en zonas marginadas, el riesgo de una escalada militar y de una fragmentación social persiste. Defender la soberanía exige no sólo rechazar la injerencia extranjera, sino también establecer el estado de derecho que vuelva obsoletas estas medidas extraordinarias.
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