A unas semanas de que comience el verano, el país está en riesgo de presentar apagones generalizados y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), encargado de controlar el sistema eléctrico, ya tiene a quiénes responsabilizar: las centrales renovables.
Así lo advirtió Ricardo Mota Palomino, director general del Cenace, en un foro realizado el 17 de mayo; también destacó la falta de mantenimiento en redes de transmisión como resultado del modelo que impulsó la reforma del 2013.
“Tenemos actualmente riesgos de apagones debido a la alta penetración no planificada de generación intermitente, el rezago que existe en el crecimiento de la red nacional de transmisión, la laxitud con la que se aplicó la normatividad para operar este tipo de centrales intermitentes, el no pago de servicios conexos para centrales convencionales”, enlistó Mota Palomino.
Por si fuera poco, aseguró, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quiere defenderse y aplicar otro esquema de despacho eléctrico –para privilegiar la entrada de sus propias centrales– los privados comienzan con las demandas, lo que lleva a una judicialización del sector.
“Y cuando se queja la Comisión Federal de Electricidad o el Cenace trata de fortalecer las reservas (de capacidad), aparecen las demandas judiciales porque vulneran los derechos de un generador privado y empiezan los litigios. La aplicación de recursos jurídicos (…) hacen que los argumentos legales pesen más que los técnicos”, señaló el directivo.
Reconoció que el Cenace aplica restricciones a la generación privada por temas de confiabilidad, lo que también da pie a recursos legales de los afectados.
“Cada vez que tocamos por motivos de confiabilidad alguna central y le pedimos que limite su extracción por limitaciones en la red, ya mis operadores no quieren trabajar porque llegan los agentes privados del brazo de sus abogados”, expuso.
Precisó que el modelo de reforma que se implementó en México vino acompañado de jueces y juzgados para “tutelar el negocio” y es la batalla que se ha intentado dar desde el Ejecutivo con reformas a la Constitución, a la Ley de la Industria Eléctrica y al Código de red.
Actualmente existen más de 200 amparos activos contra la Ley de la Industria Eléctrica, discutida en la Suprema Corte, cuya mayoría de ministros no la declaró inconstitucional, por lo que los recursos legales siguen abiertos.
Lo mismo sucede en el caso del Código de Red, que también ya tiene amparos en contra.
En su informe anual entregado al Senado, la CFE plantea argumentos similares a los de Mota Palomino en el sentido de que el sistema eléctrico se debilitó porque con los cambios se redujeron las inversiones en generación y en mantenimiento para dar preferencia a proyectos privados.
