En sesión exprés, los magistrados del Poder Judicial destituyeron a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, bajo acusaciones de incumplimiento de un deber legal y opacidad en el manejo de los recursos del fondo auxiliar que resguarda los recursos de los depósitos judiciales y fianzas.
En sustitución fue nombrada Inés Isabel Romero, quien rindió protesta en la oficina de la propia Sofía Martínez; los magistrados convocaron a un notario y un cerrajero para consumar el cese.
La revocación ocurrió bajo el mismo esquema con el que sacaron al anterior titular de la Fiscalía estatal. En cuestión de horas quedó lista la Gaceta Oficial que formalizó su salida. Sofía Martínez acusó que recibió amenazas, tanto del secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, como del presidente de la Jucopo del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín.
Dijo que no se prestó a presiones por parte del secretario general de Gobierno, quien habría intentado meter personal en áreas clave del Tribunal y que ella se negó porque había interés en desaparecer documentos con los cuales funcionarios de la anterior administración podrían ser responsables de actos ilícitos y, al parecer, era evitar que continuaran adelante los procedimientos judiciales.
Yo aún me sigo denominando presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz. Lo sigo siendo porque todo lo que se está haciendo es ilegal; aun cuando el Congreso esté publicando esta revocación de mandato, de ninguna manera aplica a esta titularidad, porque la ley así lo establece”, dijo Martínez.
Indicó que no podían convocar a una plenaria porque debió reunir a las dos terceras partes de los integrantes junto con su presidenta e incluso se trató de un día inhábil, por lo que en cuestión de legalidad no tiene efecto dicha plenaria.
Días antes, el secretario de Gobierno trató de hacerla renunciar y como se negó, le amenazó y sacó a relucir a su familia y la existencia de videos y grabaciones, pero la presidenta no se intimidó y le dijo que las presentara ante las instancias correspondientes.
Magistrados señalaron que hubo irregularidades, pues desde agosto no había convocado a sesión plenaria y que, por lo tanto, había incurrido en el incumplimiento.
Por la noche, Romero emitió un comunicado en el que destacó que para que pueda integrarse el pleno del tribunal es necesaria la presencia de dos terceras partes de sus integrantes, entre los que deberá estar su presidente, situación que no ocurrió.
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