El subcomandante insurgente Galeano aseguró que Chiapas está “al borde de la guerra civil” y denunció hechos delictivos recientes como el secuestro de autoridades autónomas, por lo que responsabilizó al gobernador Rutilio Escandón.
En un comunicado expuso que el día 11 de septiembre del 2021, “en horas de la mañana y encontrándose la delegación zapatista aérea en la Ciudad de México, miembros de la ORCAO, organización paramilitar al servicio del gobierno del estado de Chiapas, secuestraron a los compañeros Sebastían Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la junta de buen gobierno de Patria Nueva, Chiapas”.
Apuntó que “la ORCAO es una organización político-militar de corte paramilitar, tiene uniformes, equipos, armas y parque obtenidos con el dinero que reciben de los programas sociales. Se quedan con una parte y la otra la dan a los funcionarios para que publiquen que se está cumpliendo con el asistencialismo. Con esas armas disparan todas las noches contra la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi”.
Galeano refirió que el EZLN “aguardó con paciencia hasta agotar los canales posibles para la solución. Mientras el gobierno del estado de Chiapas saboteaba y estorbaba la liberación, fueron organizaciones defensoras de los derechos humanos y la iglesia católica progresista quienes valoraron con justeza lo que podría ocurrir”.
Acotó que “los compañeros estuvieron privados de su libertad por 8 días y fueron liberados el… 19 de septiembre del 2021, gracias a la intervención de los párrocos de San Cristóbal de las Casas y de Oxchuc, pertenecientes a la diócesis de San Cristóbal. A los compañeros se les despojaron de un radio de comunicación y seis mil pesos en efectivo que pertenecen a la junta de buen gobierno”.
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Recordó que “el delito de secuestro está penado por las leyes del mal gobierno y por las leyes zapatistas. Mientras el gobierno del estado de Chiapas solapa y alienta estos crímenes, y no hace nada, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional procedió a tomar las medidas necesarias para liberar a los secuestrados y detener y sancionar a los responsables del crimen”.
“Si el conflicto no escaló hasta llegar a una tragedia, fue por la intervención de los párrocos mencionados, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las movilizaciones y denuncias que en México y, sobre todo, en Europa, se realizaron”, señaló.
Y acusó que “el desgobierno de Rutilio Escandón está haciendo todo lo posible porque se desestabilice al suroriental estado mexicano de Chiapas”.
Enlistó por ejemplo que se “reprime con lujo de violencia a l@s normalistas rurales”; se “sabotea los acuerdos tomados entre el magisterio democrático y el gobierno federal, orillando a los maestros a movilizarse radicalmente para que se cumplan dichos acuerdos”; denunció incluso que “sus alianzas con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, porque el gobierno nada hace para preservar la vida, libertad y bienes de los pobladores”.
