Ciudad de México, México. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a un grupo de juezas y magistradas federales que fue admitida para revisión la petición presentada en contra de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, al considerar que su aplicación podría vulnerar derechos humanos fundamentales de las personas juzgadoras.
La notificación corresponde a la fase conocida como Informe de Admisibilidad, un paso previo al análisis de fondo mediante el cual la CIDH determina si una queja cumple con los requisitos formales para convertirse en un caso oficial, al que posteriormente se le asigna un número de identificación y se somete a estudio sustantivo.
De acuerdo con fuentes del ámbito judicial, la comunicación fue enviada a los abogados del Centro Vance por la Justicia Internacional, organización que representa legalmente a 14 juezas y magistradas federales que impugnaron la reforma por considerar que afecta su estabilidad laboral, independencia judicial y derechos adquiridos.
Aunque la notificación aún no aparece publicada en el sitio oficial de la CIDH, su existencia fue confirmada por Julia María García González, magistrada federal y actual presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Para que el caso sea admitido de fondo, la CIDH deberá verificar que la petición cumpla con los criterios establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al procedimiento previsto en el reglamento interno del organismo.
Como parte de este trámite, la CIDH también notificó al Estado mexicano sobre la existencia de la queja y otorgó un plazo de hasta cuatro meses a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que presente los informes y argumentos correspondientes en defensa de la reforma impugnada.
La reforma judicial cuestionada derivó en el cese masivo de jueces y magistrados de carrera, quienes fueron sustituidos por juzgadores electos, además de establecer reducciones salariales y recortes a prestaciones previamente reconocidas.
Apenas la semana pasada, juezas y magistrados federales realizaron movilizaciones públicas para exigir el pago completo e inmediato de sus indemnizaciones, al acusar al Órgano de Administración Judicial de incumplir con estas obligaciones y de retener ahorros destinados al retiro.
La posible admisión de este caso se suma a otras peticiones y demandas internacionales promovidas contra el Estado mexicano por la aprobación y aplicación de la reforma judicial, incluida la elección judicial realizada el año pasado, lo que anticipa un proceso de revisión internacional prolongado sobre los alcances y efectos de los cambios al sistema de justicia en México.
