La oposición en el Senado, acusó que con el cierre del programa Prospera se está afectando a 6.7 millones de familias en México, lo que equivale a 25 millones de personas.
La senadora Nuvia Mayorga (PRI), dijo que con el cierre de Prospera las 6.7 millones de familias, se han quedado sin seguro popular, becas de educación básica, y el apoyo a las jefas de familia para la alimentación.
“En Prospera se está afectando a 6.7 millones de familias, si multiplicamos por cuatro, y por el número de hijos que tienen este 6.7 millones de familias, son 25 millones de personas que les han quitado Prospera”, detalló.
Josefina Vázquez Mota (PAN), señaló que seguirán defendiendo no solamente el tema de Estancias Infantiles, sino también a los afectados por el cierre de Prospera, del cual se benefician los mexicanos más vulnerables.
“Estaremos cerca de las familias que hasta hace poco se veían beneficiados del apoyo de Prospera, porque han sido engañadas en todo el país, muchas familias siguen esperando el apoyo de Prospera, pero es mentira porque han desaparecido esta política social”, externó.
Vázquez Mota lamentó que el cierre de estos programas sea por un sentido “político electoral” que representa una amenaza para el gobierno actual, “si partimos de la base que las Estancias son una amenaza político electoral, es una tragedia”, indicó.
La exsecretaria de Sedesol, asentó que la eliminación del programa Prospera fue en días recientes, sin justificación alguna, cuando en el Presupuesto 2019, y en la contabilidad de la Secretaría de Bienestar, está considerado el recurso.
“En la contabilidad (de Bienestar) se está considerando el programa Prospera, cuando ya no se reconoció que el programa llegó a su fin”, señaló.
El senador Samuel García (MC), sostuvo que seguirán presentando amparos en el tema de Estancias Infantiles, pues hasta ahora se tienen ganados 580 amparos, y que seguirán judicializando debido a que el gobierno federal tiene “oídos sordos”.
Precisó que son cinco mil 100 estancias amparadas en toda la Repúblicas, y que en Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, que hay contumacia y rebeldía en el desacato judicial, por lo que la Fiscalía General deberá atender el tema para actuar penalmente, por lo que mandará llamar a la secretaria María Luisa Albores, lo que podría llevarla a ser destituida.
“Ayer le preguntamos a la subsecretaria Montiel, si no es intención suya que se destituya a Albores para quedarse con la titularidad de la Secretaría y evadió. Si se ganan los proyectos en la Suprema Corte deberán pagar de forma retroactiva”, refirió.
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