Por primera vez, los mexicanos tendrán un instrumento legal para sacar del cargo al Presidente, los gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Con 98 votos en favor, 22 en contra y una abstención, el Senado aprobó la reforma constitucional que permitirá solicitar la revocación de mandato de una autoridad, una vez que ésta haya cumplido la mitad del periodo para el que fue electa.
Este ejercicio civil será organizado por la autoridad electoral y para que sea válido tendrá que participar 40% de los inscritos en la lista nominal, lo que representa 35.9 millones de ciudadanos.
La revocación, tanto para el Presidente como para los mandatarios estatales, no podrá someterse a consulta pública y sólo podrá usarse una vez por sexenio.
Diversas legislaciones estatales ya habían introducido la figura de revocación de mandato, como Yucatán en 1938, pero fueron disposiciones que no tuvieron sustento en la Constitución.
Por primera vez en la historia nacional, los mexicanos podrán sacar del gobierno al Presidente de la República, los gobernadores y jefes de Gobierno de la Ciudad de México, porque el Senado aprobó la reforma constitucional que permitirá solicitar la salida de un gobernante una vez cumplida la mitad de su mandato y organizada por la autoridad electoral; aunque con el candado que tendrán que votar 35.9 millones de ciudadanos para que sea válida.
Será a partir de noviembre del 2021 cuando los ciudadanos podrán solicitar por primera vez el uso de este derecho para evaluar el mandato de Andrés Manuel López Obrador, a más tardar el 5 de marzo del 2022, organizado totalmente por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el pleno del Senado avaló que la revocación de mandato, tanto para el Presidente como para los mandatarios estatales, no podrá someterse a consulta pública y se podrá usar una sola vez cada sexenio.
Aunque a nivel estatal diversas legislaciones introdujeron la figura de revocación de mandato, como ocurrió en Yucatán en 1938, se trata de disposiciones que no tuvieron sustento en la Carta Magna.
Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021, los ciudadanos interesados anunciarán su intención de pedir la revocación y tendrán ese periodo para recopilar las firmas del 3% de la Lista Nominal de Electores, que correspondan a al menos 17 entidades; equivalente, hasta el corte del 4 de octubre de este año, a dos millones 697 mil 610 de ciudadanos.
A más tardar el 15 de diciembre, entregarán al INE la relación de firmas; tendrá hasta el 4 de enero de 2022 para convocar y, a los 60 días, se votará; es decir, el 5 de marzo de 2022; tendrá que participar el equivalente al 40% de la Lista Nominal que, al corte del 4 de octubre de este año, equivale a 35 millones 968 mil 145 ciudadanos.
Sólo si la mitad más uno de esos votantes decide revocar la elección, es decir, 17 millones 986 mil 145 ciudadanos, procederá la salida del mandatario federal; quien presida la Cámara de Diputados en el primer año de la LXV Legislatura asumirá la Presidencia de la República durante 30 días; el pleno del Congreso de la Unión nombrará al sustituto, que cubrirá el periodo que resta al Presidente, cuyo mandato fue revocado.
Para el caso de los gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se requerirá de la firma de 10% de la población de la entidad, ubicadas en la mitad más uno de los municipios que la integran, y las legislaciones estatales definirán las reglas para suplir al mandatario estatal en caso de revocación.
Los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal; del PAN, Mauricio Kuri; del PRI, Miguel Ángel Osorio; de MC, Dante Delgado; del Verde, Manuel Velasco; del PT, Geovanna Bañuelos; del PES, Sasil de León, y del PRD, Miguel Ángel Mancera, fijaron las posiciones de sus grupos parlamentarios, el PAN se quedó solo en el voto en contra y su argumento de que implica la ampliación del mandato o una reelección presidencial, incluso Damián Zepeda y Xóchilt Gálvez votaron en favor de la reforma, mientras que su compañero Víctor Fuentes se abstuvo.
El debate incluyó 20 oradores, entre ellos la morenista Lucía Trasviña, quien pidió a los panistas “no hacerse pendejos” al criticar la reforma y los acusó de hacer campañas electorales con “el lavado de dinero del narco”.
La reforma, que fue devuelta a los diputados, incluye nuevas reglas para la consulta popular, que no se podrá solicitar para cancelar obras de infraestructura en ejecución ni sobre los acuerdos internacionales signados por México o de temas financieros, fiscales y presupuestales.
Ciro Gómez Leyva, en Imagen Noticias, destacó que, al votar en favor de la revocación, PRI, PRD y MC confiaron en que Morena no caerá en la tentación de ampliar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Fuente: https://www.excelsior.com.mx
