La Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció la intervención gerencial temporal de dos bancos, CIBanco e Intercam, y de la casa de bolsa Vector, como medida preventiva tras las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El objetivo principal es proteger los ahorros de los clientes y asegurar que no se interrumpa el funcionamiento del sistema financiero nacional. La medida implica la sustitución temporal de los órganos administrativos y representantes legales de estas entidades, garantizando transparencia y operación continua.
Las sanciones del Tesoro estadounidense acusan a estas tres instituciones de estar vinculadas a operaciones de lavado de dinero, especialmente en el contexto del tráfico de fentanilo y la compra de precursores químicos. No obstante, tanto los bancos como las autoridades mexicanas han reiterado que no se han presentado pruebas contundentes que respalden estas acusaciones, y han insistido en que las transacciones señaladas corresponden a actividades legales con empresas chinas.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la solidez del sistema financiero mexicano, asegurando que la intervención se basa en un principio de cautela y en la necesidad de mantener el orden y la certeza en las operaciones bancarias. La Asociación de Bancos de México coincidió en afirmar que estas acciones no ponen en riesgo la estabilidad ni la capitalización de la banca nacional.
Por su parte, el Senado mexicano aprobó reformas a la Ley Antilavado para reforzar los controles financieros, impulsadas por la urgencia de responder a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La normativa busca mejorar la vigilancia contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, alineando las leyes nacionales a estándares internacionales.
En conclusión, la intervención de la CNBV responde a una estrategia preventiva frente a las sanciones estadounidenses, priorizando la protección de los ahorradores y el normal funcionamiento del sistema bancario, sin que hasta ahora haya evidencia clara de actividad ilegal. Las autoridades aprovechan esta coyuntura para fortalecer el marco regulatorio y garantizar mayor transparencia en las operaciones financieras.
