Distintas dependencias federales ignoraron la denuncia de violación presentada por una menor de 16 años, originaria de Honduras y en condición de migración, con lo que se le vulneraron diversos derechos, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por estos hechos dirigió la Recomendación 12/2018 al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF y a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.
La menor fue detenida por personal del INM en la Central de Autobuses de San Miguel de Allende y trasladada a la estación migratoria de esa ciudad; al siguiente día a la autoridad migratoria informó haber sido víctima de violación y su interés para denunciar el delito.
“A pesar de lo señalado por la adolescente, sin haber realizado su denuncia ante la autoridad competente y recibir la asistencia y protección que requería, tres días después fue trasladada a la estación migratoria de la Ciudad de México, donde se continuo su Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM)”, expuso el organismo nacional.
El 9 de febrero de 2016 se solicitaron medidas cautelares a favor de la menor para que fuera trasladada a un Centro de Asistencia Social (CAS) así como la realización de gestiones ante el Ministerio Público, sin embargo, al siguiente día personal del DIF-CDMX acudió a la estación migratoria y al no ubicarla, no hicieron posteriores acciones de localización y protección.
Ese mismo día personal de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes acudió a la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres, aunque sólo estuvieron en la diligencia de retrato hablado.
Días después, el 24 de febrero, la INM resolvió el retorno asistido de la adolescente a Honduras.
En este sentido la CNDH pidió al INM inscribir a la víctima en el Registro Nacional de Víctimas, ubicarla y darle atención psicológica y evitar que menores migrantes sea alojada en las instalaciones de la dependencia.
A la PGR se solicitó realizar las diligencias para integrar la averiguación previa a fin de identificar, localizar, detener, procesar y sancionar al responsable de la violación, mientras que a las demás autoridades les requirió para instruir a su personal a que cuando les notifiquen una carpeta de investigación que se involucre a menores, se les brinde asesoría y representación.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx
