El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar a reconsiderar su decisión de reducir prácticamente en 50% el presupuesto del programa de estancias infantiles, así como los cambios planteados a su diseño operativo.
En su sesión ordinaria, este cuerpo colegiado llamó a las autoridades responsables del financiamiento de ese programa y a las encargadas de su operación a observar el interés superior de la niñez y a sujetar sus decisiones a los mandatos constitucionales y a las leyes dedicadas a la niñez.
En su pronunciamiento ante la reducción presupuestal y las modificaciones operativas propuestas a este programa, el Consejo Consultivo de la CNDH destacó que alegar presuntos actos de corrupción e irregularidades o problemas administrativos no exime a las autoridades de cumplir sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos.
Argumentó que si en el pasado se cometió algún ilícito, debe investigarse y sancionarse a los responsables. Si el marco normativo dificulta la operación administrativa de programas o instituciones, debe actuarse con responsabilidad, promover las adecuaciones conducentes, sin dejar de cumplir con las obligaciones contraídas y, en todo caso, realizar las denuncias que correspondan.
De acuerdo con un comunicado, el Consejo alertó que la eventual cancelación de estancias infantiles pone en riesgo el cumplimiento efectivo de los derechos de este grupo poblacional, al tiempo que coloca a sus madres y padres en situación de vulnerabilidad.
Al mismo tiempo podría aumentar la brecha de desigualdad, pues ante la falta de opciones de cuidados, viables y accesibles, para sus hijos, pondría a mujeres trabajadoras en la disyuntiva de renunciar a su empleo para asumir directamente su cuidado, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo y a la independencia económica.
La falta de acceso a esas instalaciones, subrayó, expondría a niñas y niños a situaciones de riesgo para su integridad, seguridad y posibilidades de desarrollo, en tanto madres y padres trabajadores tendrían que buscar soluciones alternas para el cuidado de sus hijos, lo cual les impondría cargas económicas adicionales y podría implicar dejar a los menores al cuidado de personas sin la debida preparación.
Asimismo, apuntó que el cambio en la operación de este programa, en el que se sustituye la prestación de un servicio por la entrega de un apoyo económico, no necesariamente significará el uso de los recursos para fines del cuidado de los niños, pues es probable que los apoyos sean destinados a cubrir otras necesidades básicas de las familias y no a garantizar los derechos de la niñez.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx
