Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), comparecerá hoy ante un juez de control para escuchar la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos desvíos de recursos públicos.
Ayer miércoles, un juez de amparo ordenó devolver a la exfuncionaria los 69 mil 500 pesos que pagó para evitar ser detenida debido a que jueces federales y la propia FGR afirmaron que no existe ningún mandato de captura en su contra, por lo que se presentará a audiencia sin ninguna medida que la proteja de ser detenida.
Julio Hernández Barros, abogado de la exfuncionaria federal, acusó que la Fiscalía ha hecho filtraciones a medios de comunicación porque sus argumentos son endebles.
Este jueves, la diligencia de Rosario Robles se realizará en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde se espera que la FGR formule imputación contra la exfuncionaria por el delito de ejercicio indebido del servicio público y solicite su vinculación a proceso.
Si Rosario Robles comparece a la audiencia, la FGR deberá exponer los datos de prueba que ha reunido en su investigación, derivada del caso de la Estafa maestra.
Su defensa podrá solicitar que en la misma diligencia el juez resuelva sobre la vinculación a proceso o también puede optar por pedir la duplicidad del término de 72 horas establecido en la Constitución para emitir su determinación.
Aunque el delito por el que la FGR la señala no merece prisión preventiva de oficio, es posible que los fiscales encargados del caso soliciten sujetarla a prisión preventiva justificada, para lo cual deberán argumentar si existe algún riesgo de fuga y sustentar su dicho conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La FGR solicitó la audiencia de imputación y vinculación a proceso desde el 25 de julio pasado a través de la Fiscalía contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
Con ello, judicializó la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 relacionada con el caso de la Estafa maestra en la que señaló como víctima indirecta del delito a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso derivó de las revisiones en las que la ASF detectó la utilización de 11 dependencias federales para supuestamente desviar millones de pesos en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Las principales dependencias señaladas de estos desvíos fueron Sedesol, el Banco Nacional de Obras (Banobras), cuyo titular era Alfredo del Mazo, y Petróleos Mexicanos, dirigido entonces por Emilio Lozoya.
Pruebas endebles. El abogado Julio Hernández Barros aseguró que la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero busca hacer un juicio en los medios de comunicación y no ante las autoridades correspondientes, puesto que, afirmó, sus señalamientos carecen de pruebas fehacientes contra su representada.
“La Fiscalía General de la República siente tan endebles sus pruebas que quiere hacer un juicio mediático porque saben que no van a resistir un juicio jurídico”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.
Aseguró que el Ministerio Público siente que el juicio no está bien integrado, puesto que “lo sé porque he leído la carpeta de investigación y no encuentro ninguna responsabilidad de mi cliente de lo que se le acusa”.
Hernández Barros indicó que la información que ha trascendido “de manera ilegal” del caso en los medios de comunicación será usado ante el juez, puesto que afirmó que estas acciones están en contra del debido proceso.
“El juez federal, quien se supondría que no debe saber nada de lo que trae la carpeta, se tendría que enterar de todo en la audiencia de este 8 de agosto, pero ya está enterado porque es un ser humano que lee los periódicos, escucha la radio, ve la televisión y ahora ya sabe de muchas cosas y eso nos coloca en una desventaja”, dijo.
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