A la medianoche del 29 de mayo finalizaron las campañas políticas en México, dando inicio a la veda electoral, un periodo de reflexión de tres días en el que está prohibido cualquier tipo de propaganda electoral. Esta normativa se mantendrá vigente hasta el cierre de las casillas, el 2 de junio, a las 6:00 de la tarde.
Durante este periodo, ni funcionarios, candidatos, partidos, políticos, ciudadanos ni influencers podrán publicar encuestas o propaganda electoral en ninguna forma, incluyendo escritos, imágenes, grabaciones o proyecciones que busquen influir en el sentido del voto. La violación de esta norma puede acarrear sanciones impuestas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Las sanciones para los partidos políticos pueden variar desde una amonestación hasta multas que ascienden a un millón 85 mil 700 pesos, e incluso la pérdida del registro en casos de reincidencia. Para los ciudadanos, las multas pueden alcanzar hasta 217 mil 140 pesos, dependiendo de su capacidad económica.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, tras recibir 30 medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral (INE) por intervenir en el proceso electoral, anunció la suspensión de sus conferencias matutinas los días 30 y 31 de mayo.
La consejera del INE, Dania Ravel, explicó que la veda electoral, establecida en el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene una doble finalidad: permitir que la ciudadanía reflexione sobre su voto y prevenir la difusión de propaganda electoral o actos que no puedan ser desvirtuados a tiempo.
Ravel enfatizó que durante este periodo no se pueden realizar eventos de campaña ni promoción personalizada. Además, la Comisión de Quejas del INE estará vigilante ante cualquier infracción, incluyendo actividades en redes sociales, para dictar medidas cautelares si es necesario.
El Tribunal Electoral resolvió que una violación a la veda electoral se dará cuando se cometan actos públicos de campaña en los tres días previos o durante la jornada electoral, y cuando estos actos sean realizados por partidos políticos, sus militantes, candidaturas o simpatizantes, o por ciudadanos con preferencia partidista.
Esta medida busca garantizar la equidad en la contienda electoral, limitando la libertad de expresión en este contexto específico para proteger la voluntad del electorado. La vigilancia también se extiende a las redes sociales, donde cualquier acto de proselitismo será sancionado.
En caso de infracciones por parte de los partidos políticos, las sanciones pueden incluir desde multas hasta la cancelación de su registro. Para los ciudadanos, las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta multas significativas en caso de reincidencia.
