La reciente iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha desatado un intenso debate en el ámbito político y empresarial. Esta propuesta, que ya fue aprobada por el Senado y ahora se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, busca regular la construcción y renta de 2 millones de viviendas, principalmente para jóvenes, pero también incluye cambios significativos en la administración del instituto.
La reforma plantea modificar el artículo 42 de la Ley del Infonavit, lo que permitiría al gobierno federal acceder a los 2.4 billones de pesos del Fondo Nacional de Vivienda, actualmente administrados por el instituto. Con esta medida, el gobierno podría destinar estos recursos a la construcción de viviendas a través de una empresa filial, enfocándose en el arrendamiento social para los trabajadores.
Además, la iniciativa propone un cambio en la estructura de los comités del Infonavit. El Comité de Auditoría, que hasta ahora ha funcionado de manera tripartita, pasaría a tener una mayoría de integrantes del gobierno, lo que limitaría la representación de trabajadores y empresarios. De igual manera, el Comité de Transparencia vería un aumento en la representación gubernamental, al igual que el Consejo de Administración, que se reduciría de 15 a 12 miembros.
Mayor control gubernamental
Otro punto polémico de la iniciativa es la modificación en el nombramiento del director general del Infonavit, quien sería designado exclusivamente por el presidente de la República, sin necesidad de aprobación por parte de la Asamblea General del instituto. Esta medida otorga al director facultades extraordinarias, incluyendo un derecho de veto sobre decisiones que no sean adoptadas por unanimidad, lo que podría favorecer los intereses del gobierno en la gestión de los recursos.
Asimismo, la reforma busca disminuir la supervisión sobre el Infonavit al eliminar las facultades de regulación bancaria de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que ha generado preocupación entre organizaciones gremiales y empresariales que ven en estos cambios un riesgo para la transparencia y la correcta administración de los fondos.
La propuesta ha encontrado resistencia en diversos sectores, quienes argumentan que la concentración de poder en el gobierno podría comprometer la autonomía del Infonavit y afectar a los trabajadores. La discusión sobre esta reforma continúa en la Cámara de Diputados, donde se espera un intenso debate sobre sus implicaciones y el futuro de la vivienda en México.
