Ciudad de México, México.- Con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción para emitir una determinación definitiva sobre la condena impuesta a Mario Aburto Martínez por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, decisión que podría derivar en su liberación inmediata o en la ampliación de su encarcelamiento por más de una década.
El máximo tribunal analizará si al caso debe aplicarse el fuero estatal o el fuero federal, diferencia que marca una brecha de 15 años de prisión. Bajo la legislación estatal vigente al momento de los hechos, la pena máxima era de 30 años, plazo que ya se habría cumplido. En cambio, si prevalece el criterio federal, la condena se extendería hasta 45 años, lo que mantendría a Aburto en prisión por 14 años más.
Durante la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías se excusó de participar en el análisis del asunto, al señalar que tuvo conocimiento directo del expediente cuando se desempeñó como Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR). Su impedimento fue avalado por la mayoría del Pleno.
El debate surge a partir del juicio de amparo 104/2021, promovido por la defensa de Aburto, en el que se sostiene que su cliente debió recuperar la libertad en 2024, al cumplirse tres décadas de prisión, conforme al Código Penal del Estado de Baja California, vigente en 1994, año del magnicidio.
En contraste, la FGR ha sostenido que debe aplicarse la sanción máxima prevista en el Código Penal Federal, es decir, 45 años de cárcel, al considerar que el caso reviste un interés federal por la relevancia del crimen.
El proceso ha tenido múltiples giros. En octubre de 2023, un tribunal colegiado dejó sin efecto la sentencia de 45 años y ordenó la liberación inmediata de Aburto. No obstante, la FGR promovió un recurso de revisión extraordinario para impedir que esa resolución quedara firme y solicitó mantener al sentenciado en prisión mientras se resolvía el fondo del asunto.
Posteriormente, la Primera Sala de la SCJN intervino para frenar la liberación, ordenar la reposición del procedimiento y devolver el expediente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México. Ante ello, la defensa volvió a solicitar la intervención del máximo tribunal para que defina, de una vez por todas, el fuero aplicable.
Los abogados de Aburto han insistido en que el homicidio de Luis Donaldo Colosio, aunque de enorme impacto político, no constituía un delito federal en el momento en que ocurrió, ya que el entonces candidato presidencial del PRI no ocupaba un cargo público federal.
Con esta atracción, la Suprema Corte deberá fijar el criterio jurídico para analizar un caso de magnicidio bajo el sistema penal tradicional vigente en 1994, con el objetivo de garantizar tanto los derechos del sentenciado como los de la víctima, y cerrar uno de los episodios más complejos y emblemáticos de la historia judicial y política de México.
