CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó mantener en reserva la identidad de todos los funcionarios que apliquen la Ley Antilavado, al considerar que operan en un ámbito de alto riesgo vinculado con delitos como el narcotráfico y el terrorismo.
Con una votación de ocho votos contra uno, el Pleno revocó el amparo promovido por una empresa de paquetería, sorteos y venta de automóviles que había impugnado el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, luego de recibir una multa por omitir reportes obligatorios.
Los ministros coincidieron en que, si bien la Constitución no prevé la reserva de identidad para jueces, fiscales o autoridades administrativas, el alcance del lavado de dinero expone a riesgos significativos incluso a quienes solo recopilan información para hacer cumplir la norma.
“No debemos olvidar que quienes cometen este tipo de delitos no son delincuentes menores, sino personas vinculadas con terrorismo, narcotráfico o el llamado lavado de dinero”, sostuvo el ministro Giovanni Aguilar, al respaldar el proyecto del ministro Arístides Guerrero en el amparo directo en revisión 579/2022.
La mayoría enfatizó que ocultar la identidad de los funcionarios no vulnera los principios de legalidad ni de seguridad jurídica, y que el derecho a una defensa adecuada permanece intacto, pues las impugnaciones se presentan contra resoluciones y no contra individuos.
La ministra Yasmín Esquivel, única en votar en contra, argumentó que el ocultamiento es injustificado tratándose de procedimientos administrativos, particularmente en casos de sanciones económicas, y que no representa un riesgo real para la seguridad nacional.
“El objeto de la Ley Antilavado no puede usarse para justificar la protección de los servidores públicos por eventuales perjuicios que pudieran enfrentar, cuando ni siquiera en materia penal se reserva el nombre de jueces, fiscales, investigadores o policías”, señaló.
