Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene prevista la discusión del proyecto de sentencia que propone amparar a una mujer de 80 años de edad para que sus patrones le paguen las prestaciones que le correspondían por 50 años de servicio doméstico.
El Universal informó que el proyecto elaborado del ministro Alberto Pérez Dayán establece remitir el caso a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que analice nuevamente la demanda de la mujer y sus exigencias, entre las que destaca una indemnización, pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y horas extra.
La concesión del amparo no prevé obligar a los demandados a inscribirla al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a que el efecto propuesto por el ministro únicamente abarca que paguen todo aquello que por ley le correspondía como trabajadora, lo que no incluye su inscripción al seguro social.
Sin embargo, el ministro se pronunció por la inconstitucionalidad de que no exista obligación alguna para que los trabajadores domésticos sean inscritos al IMSS porque consideró que esto resulta violatorio del derecho humano a la seguridad social en igualdad de condiciones.
“Es así, pues esta Corte Constitucional reitera que, como se ha mencionado en anteriores apartados de la presente ejecutoria, en la experiencia internacional la cobertura voluntaria resulta ineficaz y, por el contrario, la afiliación obligatoria a la seguridad social resulta altamente conveniente y eficaz para un sector como el del trabajo doméstico considerado usualmente como parte de los grupos de difícil cobertura”, indica el proyecto.
En su propuesta, el ministro establece que la Junta valoró indebidamente las pruebas aportadas por la trabajadora tales como las declaraciones de las hermanas del patrón quienes, según el expediente, incurrieron en diversas contradicciones, así como atender el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra la mujer en su condición de persona de la tercera edad.
Otro elemento que debe analizar la autoridad en materia laboral es la supuesta renuncia que el patrón de la señora afirma que ella presentó de manera voluntaria, pues la trabajadora afirma que ella no pudo haber realizado ese escrito porque no tenía acceso a la computadora de la casa y después de 50 años no tenía intención de renunciar.
Sobre la inconstitucionalidad de la falta de obligatoriedad para inscribir a los empleados domésticos al Seguro Social, el ministro Pérez Dayán propondrá remitir el fallo al Congreso de la Unión para que emita las reformas necesarias para crear un programa especial que atienda el problema de discriminación generado por la Ley General del Seguro Social.
En tanto, establece que en un término prudente, que podría ser al finalizar el 2019, para que el IMSS solicite las partidas presupuestales necesarias para implementar un programa piloto que tenga como fin último, diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.
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