En un reciente foro virtual de EL FINANCIERO Bloomberg, la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores (AMJ), alertó que los constantes desacatos a las órdenes judiciales relacionadas con la reforma al Poder Judicial están llevando a México hacia una crisis constitucional y democrática. Según Molina, el cumplimiento de todas las órdenes judiciales es esencial para mantener un Estado de derecho, y no se puede elegir cuáles acatar.
La magistrada enfatizó que la actitud del Legislativo y del Ejecutivo, que ignoran las suspensiones contra la implementación de la reforma, puede conducir a un escenario donde “el más fuerte decide”. Esta falta de respeto a las decisiones judiciales, afirmó, podría generar un ambiente de “ley de la selva”, donde cada quien actúe por su cuenta.
Molina también condenó la postura de las autoridades que, en lugar de cumplir con los mandatos judiciales, manifiestan su intención de no acatarlos. “Esto es un cinismo que no podemos permitir”, subrayó, añadiendo que el respeto a la ley es fundamental para la democracia.
El exconsejero electoral Marco Baños se sumó a las preocupaciones, advirtiendo que la omisión de cumplir con las decisiones judiciales podría presagiar un futuro problemático para el sistema judicial. “Cualquier decisión que incomode al gobierno será frenada bajo el argumento de ilegalidad”, señaló.
Baños también criticó la situación del Instituto Nacional Electoral (INE), que se ve obligado a llenar el vacío legislativo para la elección de jueces y magistrados, lo que podría provocar contradicciones con los criterios del INE.
Por su parte, el académico Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró alarmante que las autoridades ignoren las decisiones judiciales. “Si las decisiones judiciales son opcionales, estamos ante un modelo donde el poder político decide qué se puede hacer”, concluyó.