La presidenta Claudia Sheinbaum envió una nueva reforma a la Cámara de Senadores que modifica la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo, enfocándose en la vivienda con orientación social. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, asignó la propuesta a las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos para su dictamen.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la representación del Gobierno federal en la toma de decisiones del Infonavit, alineando su estructura de gobernanza con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Una de las modificaciones más significativas es que el titular de la Dirección General del Infonavit será nombrado directamente por la presidenta de la República.
El proyecto de Sheinbaum prevé la construcción de hasta un millón de viviendas sociales para trabajadores, de las cuales aproximadamente 500,000 serán gestionadas por el Infonavit a través de una nueva empresa constructora. Se ha establecido una meta ambiciosa: en noviembre de 2024, se espera que se inicien 120,000 viviendas nuevas y 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México, así como 120,000 programas de escrituración.
Además, la reforma propone que el Infonavit implemente programas de arrendamiento social, permitiendo a los trabajadores acceder a viviendas construidas o recuperadas por la institución. Los trabajadores que hayan cotizado de manera continua durante un año tendrán derecho a participar en estos programas, que ofrecerán viviendas cercanas a sus lugares de trabajo, así como opciones de compra.
La iniciativa también establece obligaciones para los trabajadores derechohabientes, quienes deberán cuidar la vivienda como si fuera propia y desocuparla al finalizar el arrendamiento. Asimismo, se prohíbe el uso de la vivienda para fines distintos a la habitación y la subarrendación. En caso de enajenación, se dará preferencia a los trabajadores que no cuenten con vivienda propia.
Esta reforma busca no solo aumentar la disponibilidad de vivienda social, sino también garantizar un uso adecuado y responsable de las propiedades otorgadas a los trabajadores, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida en el país.
