La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó 19 mil 449 cuentas vinculadas al lavado de dinero y corrupción entre los años 2014 y 2019. En lo que va de este año, la dependencia aplicó el bloqueo de tres mil 231 cuentas, que representan cuatro veces más de las congeladas durante 2018, cuando fueron 758.
Aunque la dependencia no desglosa la información por Entidad federativa, pues aclara que no se clasifica de esa manera, a principios de este mes, el titular de la Unidad, Santiago Nieto, informó que están trabajando “nuevos casos a nivel local y federal”. Por ello, actualmente se investigan a ocho jueces y magistrados locales por presuntos nexos con los grupos de la delincuencia organizada. De éstos, tres corresponden a Jalisco, por cuentas por alrededor de 28 millones de pesos.
Sin embargo, los casos más sonados a nivel nacional dentro de las acciones para asegurar los recursos económicos por presuntos hechos criminales o casos de corrupción, son los de Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Incluso, a pesar de encontrarse prófugo, Lozoya solicitó que se descongelaran sus cuentas bancarias.
De acuerdo con información otorgada vía Transparencia, en ese periodo se han desbloqueado 11 mil 510 cuentas. El mayor número fue en 2017 (cuatro mil 058).
Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, destaca que la UIF está actuando con una mayor agilidad y se está poniendo atención al tema de los recursos que provienen de procedencia ilícita.
Tan sólo en 2019 se “congeló” una bolsa global de tres mil 762 millones de pesos.
Investigan lavado por 147 mil MDP en México
Entre 2009 y 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó 812 denuncias por presuntos actos de lavado de dinero, que involucran a cuatro mil 301 personas. De acuerdo con la dependencia, tan sólo en este año se han interpuesto 57 denuncias penales. Y los montos asociados son por el orden de los 147 mil 629 millones de pesos (MDP).
En el primer mes de la actual administración federal, la Secretaría de Hacienda anunció las primeras denuncias por presuntos actos de corrupción. La primera de éstas contra un ex presidente municipal, “quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales de un aproximado de 32 millones de pesos”.
La segunda se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, “las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos”.
De acuerdo con el desglose de los delitos denunciados, los ilícitos fiscales son los que más acumulan irregularidades, con 181 denuncias, seguido por delitos contra la salud, con 178, y los cometidos por servidores públicos (peculado, corrupción y cohecho), con 38. De estas últimas, en 2017 se presentaron 13. Y en lo que va de este año se han promovido otras nueve.
El académico del Tecnológico de Monterrey, Anuar García, recuerda que, para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda solicitar un congelamiento de cuentas en México, tiene la obligación, primero, de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, en éstas también puede participar la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), “o lo pueden hacer dentro de una carpeta de investigación. Ellos pueden solicitarle, a su vez, a un juez de control en materia federal que les conceda ese congelamiento de cuentas”.
En la última década, la Unidad ha presentado también 33 denuncias delincuencia por delincuencia organizada.
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