La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este martes que el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad México negó el amparo solicitado por Genaro García Luna, en contra de su inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas realizado en 2019.
“Al resolver el amparo 106/2020, el juzgado consideró que la UIF sí aportó elementos al juicio de amparo que permiten determinar que el bloqueo al sujeto citado, se hizo en cumplimiento de la obligación que tiene el Estado mexicano de realizar medidas de acción rápida para identificar y congelar bienes relativos al lavado de dinero”, detalló la UIF en un comunicado.
García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.
Está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.
El mexicano de 53 años fue arrestado en 2019 en Estados Unidos. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.
En diciembre, fiscales del distrito este de Nueva York pidieron que se proteja la identidad e integridad física de los miembros del jurado en el juicio a García Luna porque el mexicano “tiene recursos para interferir con el proceso judicial” y el caso capta mucha atención mediática.
El abogado César de Castro respondió que su cliente no tiene dinero: todas sus cuentas están congeladas y, por lo tanto, no puede sobornar a ningún miembro del jurado.
Los fiscales piden al juez que, al igual que se hizo en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, no se revelen públicamente los nombres de los miembros del jurado y que éstos sean escoltados cada mañana y cada noche de sus casas a la corte. También dicen que les preocupa que personas cercanas a García Luna lleven a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia contra testigos en el juicio y sus familias.
