El debate sobre la continuidad de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) ha ganado relevancia en el marco de la Reforma Electoral, impulsada por el gobierno federal. Aunque uno de los objetivos es reducir costos en los procesos electorales, voces especializadas alertan que la desaparición de los OPLES no necesariamente implicará un ahorro real, además de que podría afectar la operatividad y agilidad de los comicios.
Desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la presidenta institucional advirtió que centralizar todas las funciones en una sola instancia electoral, como el INE, podría llevar a una sobrecarga administrativa. Esto incluso traería consigo posibles retrasos en la entrega de resultados, pues cada región tiene dinámicas, plazos y necesidades distintas que los organismos locales conocen y atienden de manera más eficaz.
Legisladores también han señalado que, aunque el recorte en el gasto político es deseable, la simple eliminación de los OPLES no garantiza menores costos si las medidas de seguridad, la integración de casillas y los procesos de documentación permanecen sin cambios. Además, enfatizan que estos organismos son fundamentales para asegurar la territorialidad y la atención oportuna durante las elecciones.
El planteamiento de suprimir a los OPLES como parte de una estrategia para hacer más eficiente el sistema electoral ha generado dudas sobre si realmente representaría una reducción de gastos o más bien un riesgo de inoperancia en el actuar democrático. El modelo federal requiere una atención descentralizada que no siempre puede suplir una entidad central, por eficiente que sea.
