Con la instalación formal de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, México enfrenta un nuevo momento para discutir cambios que podrían transformar sus procesos democráticos. Esta comisión tiene como propósito atender propuestas como la desaparición de los senadores y diputados plurinominales, la reducción del financiamiento a partidos y la eliminación de los organismos electorales estatales. También se plantea sustituir al actual Instituto Nacional Electoral por un nuevo organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como reducir el número de consejeros electorales de once a siete, quienes serían electos mediante voto popular.
Este debate se enmarca en más de un siglo de evolución electoral en México, iniciada con la creación de mecanismos como la Junta Empadronadora en 1917 y seguida por reformas que han fortalecido la representación y la transparencia electoral. Entre los hitos más relevantes se encuentra la introducción de los diputados plurinominales en 1977, pensados para incorporar una mayor pluralidad política.
En el año 2000, el sistema electoral logró por primera vez una transferencia pacífica de poder entre partidos, lo que marcó el fin de un partido hegemónico en el país. Posteriormente, en 2014 el Instituto Federal Electoral se transformó en el INE, dotado de mayor autonomía y responsabilidad en la organización de comicios federales y locales. Estos cambios reflejan el camino recorrido hacia la consolidación de una democracia más participativa y confiable.
Ahora, con la puesta en marcha de la nueva comisión, comienza un periodo de consultas ciudadanas, análisis y diseño de propuestas que podrían modificar el marco constitucional y normativo vigente. El objetivo es depurar el sistema electoral, hacerlo más eficiente y fortalecer la imparcialidad de las autoridades electorales, aunque también se avizoran tensiones sobre cómo lograrlo sin perder avances democráticos históricos.
