En su más reciente conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó fuertes críticas hacia la decisión del Poder Judicial de permitir que los ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa continúen su proceso en libertad. El mandatario calificó esta determinación como política, argumentando que tiene la intención de perjudicar tanto al Ejército como al Ejecutivo.
López Obrador reveló que se envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, instándola a liberar a los militares, lo cual considera lamentable. Además, ordenó a la Secretaría de Gobernación hacer pública dicha misiva, fechada el 12 de diciembre de 2023.
En la carta se hace referencia al agravio declarado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito, que involucra a los subtenientes Omar Torres, Roberto de los Santos, Ramiro Manzanares, Juan Andrés Flores, Gustavo Rodríguez, Uri Reyes, Eloy Estrada y Juan Sotelo Díaz, acusados de desaparición forzada.
La Secretaría de Gobernación alertó sobre la posibilidad de obstrucción de la justicia si se retira la prisión preventiva, ya que los militares podrían volverse ilocalizables o huir. En el comunicado, firmado por la secretaria Luisa María Alcalde, se confía en que el Poder Judicial garantice los derechos humanos de las víctimas y sancione a los responsables para evitar un mensaje de impunidad.
El presidente criticó la aplicación de medidas habituales del Poder Judicial, señalando que este caso es un asunto de Estado y no simplemente procedimientos legales. También expresó su desacuerdo con las críticas de Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de Segob, y aseguró que, a pesar de quedarse ocho meses en el gobierno, cerrará el caso.
Según un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, la decisión se basó en la falta de datos de prueba justificativos por parte de la Fiscalía General de la República. Se impusieron medidas cautelares, como presentaciones mensuales en el juzgado, una garantía económica, la prohibición de salir del país y la restricción de contacto con víctimas y testigos protegidos del caso.
