Ciudad de México, 26 de septiembre de 2023 – El equipo de defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), respondió de manera contundente a los señalamientos emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las pruebas presentadas en el caso Odebrecht que fueron desechadas por un tribunal. Según la defensa, estas pruebas fueron recabadas de manera ilícita en el lugar de origen, lo que cuestiona su validez en el proceso legal.
Los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, integrantes de la defensa de Lozoya, emitieron un comunicado en el que argumentaron que la exclusión de las pruebas se debe a su obtención ilícita, haciendo especial referencia a la falta de control judicial en el proceso.
En su comunicado, la defensa afirmó que “las pruebas utilizadas en el caso Odebrecht están contaminadas de origen, por lo tanto, son ilícitas y no pueden ser utilizadas en México. De ahí que la resolución dictada en esta materia en nuestro país sea lícita, legal y ejemplar”.
Los abogados de Lozoya también señalaron que aunque la FGR haya recibido dichas pruebas con base en un tratado internacional, esto no legitima su ilicitud, ya que fueron obtenidas mediante violaciones a derechos fundamentales.
Además, recordaron que el Supremo Tribunal Federal de Brasil también rechazó pruebas relacionadas con el caso Odebrecht por considerarlas ilegales, haciendo hincapié en la flagrante violación a la cadena de custodia de los sistemas informáticos de Odebrecht y la coacción psicológica ejercida sobre testigos, que habría causado enfermedades y muertes de personas vinculadas al caso.
Respecto a las acusaciones de que jueces y magistrados habían beneficiado intencionalmente a Emilio Lozoya, los abogados argumentaron que las decisiones de las autoridades judiciales fueron el resultado de una “defensa adecuada”.
La FGR, por su parte, insistió en que las pruebas desechadas fueron obtenidas con base en dos tratados internacionales que cuentan con nivel constitucional, según el artículo 13, y que previamente han sido considerados legales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La disputa legal en torno al caso Odebrecht continúa generando tensiones y debates en México.
