El gobierno federal de México cambió su estrategia legal en el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), al aceptar alcanzar un acuerdo reparatorio por un monto de 10.7 millones de dólares y retirarle los cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
La defensa de Lozoya Austin, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte desde noviembre de 2021, espera firmar el convenio con la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex en los próximos 15 días.
Sin embargo, antes de la audiencia en la que se anunció la negociación, el abogado Miguel Ontiveros Alonso insistió en que el ex presidente Enrique Peña Nieto debería ser extraditado desde España para enfrentar a la justicia mexicana. Según Ontiveros, Lozoya ha aportado pruebas que señalan a Peña Nieto como el principal beneficiario de los sobornos de Odebrecht.
La defensa de Lozoya Austin continuará colaborando con las autoridades para que los verdaderos responsables de los hechos encabezados por Peña Nieto y sus colaboradores más cercanos respondan ante la justicia.
Una vez consolidados los acuerdos, el Ministerio Público Federal debe proceder a retirar los cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa para Lozoya Austin, su madre, hermana y esposa, con relación a las acusaciones que se les formularon por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
El juez Gerardo Genaro Alarcón López encabezó la audiencia en el Reclusorio Norte, donde la defensa de Lozoya Austin solicitó a los representantes del gobierno federal que mantengan los montos reparatorios solicitados por Pemex y UIF, los cuales ascienden en total a 10 millones 736 mil 351 dólares.
Con este cambio de estrategia legal, se modifica lo que en cuatro ocasiones anteriores había sido la postura del gobierno federal de avanzar en el proceso penal y anunciar que solicitarían condenas que alcanzarían penas de más de 50 años de prisión para Lozoya Austin.
