El juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, no solo actúo con dolo para imponer la prisión preventiva a Rosario Robles, sino que cometió un acto delictivo, por su parentesco con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, por lo que se solicitará su remoción del caso, adelantó Julio Hernández Barros, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social.
“Antes, su conducta no sólo era injusta e ilegal, ahora, su conducta es delictiva”, y viola, dijo, el artículo 225, que dice textualmente; “es delito para la administración de justicia conocer de negocios para los cuales tengo impedimento legal” y este es el caso, recalcó.
Esto, al señalar, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que el Juez de Control, Delgadillo Padierna, tiene “el impedimento legal que es el parentesco con una de las partes involucradas en el juicio”, como sería Dolores Padierna, quien “para nadie es desconocido que Rosario Robles es acusada por Padierna de que, por ella, su parido estuvo en la cárcel”.
“Por esta cuestión, vemos hasta una acción delictiva en el actuar del juez”, recalcó.
Asimismo, el litigante puso en entredicho la aseveración, vía Twitter, de Padierna Luna, de que su sobrino, Felipe de Jesús Delgadillo, es un “funcionario recto” y que fue el “azar” el que determinó que éste llevara el caso contra Rosario Robles.
Hernández Barros señaló que “hubo circunstancias” que llevaron a pensar que ya se sabía que Robles sería vinculada a proceso. Precisó que “hay jueces que están de turno, y yo creo que se esperaron, no me consta, a que estuviera de turno (este juez) para turnar el asunto”.
“No tengo pruebas de esto, pero me parece sumamente extraño que hay ocurrido eso”, porque, dijo que la camioneta que trasladó a Rosario Robles, del Reclusorio Sur al Penal de Santa Martha, “estuvo ahí desde en la noche, es decir que alguien ya sabía que iban a necesitar una camioneta de traslado de la Policía Federal y la pidió desde la noche”.
Agregó que “hay pruebas, no lo digo yo, sino los videos y fotos de periodistas, y quiere decir que alguien pidió esa camioneta antes de que se dictara la prisión preventiva, y que sabía de ella antes”.
Dicha resolución, insistió, “es no solo injusta, sino ilegal”.
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